REMAN

La moción del Partido Popular persigue garantizar una supuesta seguridad jurídica hacia un reducido sector de la sociedad que sólo representa un 1,1% de la población (1). Una moción que ignora que el 90% de los pleitos sobre la aplicación arbitraria, retroactiva e injusta de la norma los gana el Estado. Es decir, durante los 24 años que la Ley ha estado vigente en nuestro país, los culpables de los “males” que ahora se achacan a la Ley son únicamente los gestores de urbanismo de los municipios costeros, las CCAA y las demarcaciones de Costas que sí que permitieron en sus planes generales construir en terreno público ignorando la Ley.

De los puntos de la moción que más preocupan a las organizaciones es que se cite expresamente “la inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero como unas víctimas de la defensa de la costa y que los “ciudadanos no españoles están dejando de invertir en el mercado residencial español”. Aquí subyacen los verdaderos motivos de la reforma: un escenario de continuidad que dará por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el servicio del litoral al servicio de todos y de un interés general.

La reforma real que sí que necesita la Ley de Costas, es avanzar en la publicación de una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que aune usos e integre políticas, con un pilar fundamental, el de la defensa de la garantía pública del territorio costero y que de esta forma se garantice un control presupuestario y el interés general de la Nación.

(1). En la moción del Senado se afirma que “en la actualidad exista medio millón de propietarios que han visto en los últimos años cómo sus viviendas pasaban al dominio público”. El 44% de la población española vive en la costa, por tanto, esos afectados sólo representan el 1,1% de la sociedad.