PUERTO DE LA GRANADILLA, UN GASTO INUTIL

ONG AMBIENTAL | noviembre 2011 | 10:23
Un aeropuerto en Castellón que ha costado más de 150 millones de euros a las arcas públicas y que no ha recibido ningún vuelo; un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque solo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios; un puerto industrial en Gran Canaria que ha recibido, en seis años de funcionamiento, menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que sin embargo se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación; un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va alcanzar los 1.000 millones… Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente.
Estas obras, como denuncian las organizaciones ecologistas, no solo no contribuyen a generar empleo ni bienestar social en el marco de la crisis, sino que la agravan: supone un gasto de dinero público en proyectos que no cubren ninguna necesidad real de la ciudadanía y que, no obstante, producen un daño irreparable para los ecosistemas.

Más de 143 millones de euros tirados al mar

El Puerto de Granadilla es, para los colectivos ecologistas, uno de los casos más paradigmáticos de esta burbuja de infraestructuras que existe en el Estado español. Esta obra produciría la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres de gran importancia y su utilidad es a todas luces cuestionable, ya que como puerto comercial no realiza ninguna función que no pueda cubrir el Puerto de Santa Cruz, a tan solo 50 km.

Además, el Puerto de Granadilla únicamente puede ser operativo para el transbordo de contenedores durante el 40% del año dada la fuerza de los vientos dominantes en la zona, y se calcula que generaría como máximo 50 puestos de trabajo. Por otra parte, esta obra podría declararse ilegal cuando se resuelva cualquiera de las múltiples denuncias que han presentado ante los tribunales distintas organizaciones sociales y medioambientales, ya que se han detectado numerosas irregularidades en su puesta en marcha. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada por esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento.

Los colectivos ecologistas de ámbito estatal quieren destacar, asimismo, que el puerto de Granadilla es también un ejemplo del desprecio de los representantes políticos a la participación ciudadana, ya que la oposición a esta obra ha suscitado un gran apoyo social, que ha quedado de manifiesto a través de movilizaciones sociales, y ha contado además con el respaldo de la comunidad científica, que ha alertado del gran desastre ecológico que llevaría aparejado.

Por todo ello, WWF, SEO/BirdLife, Greepeace y Ecologistas en Acción se suman al apoyo a la manifestación convocada para el sábado 12 de noviembre a las 12 horas frente de la Autoridad Portuaria en Santa Cruz de Tenerife para la paralización de este puerto, cuyas obras ya han empezado en tierra, pero cuyos efectos más graves sobre el ecosistema marino al que amenaza todavía está a tiempo de evitarse.

 

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