REMAN

Dos caras de la misma moneda que confirman: la necesidad de apostar por un modelo sostenible. 

El protocolo de Kioto debe ser prorrogado en Durban para evitar que se agrave la crisis ambiental y conseguir un acuerdo climático global vinculante. 

Firma y pide a los gobiernos que se reunirán en la cumbre de Durban, del 28 de noviembre al 9 de diciembre, que se comprometan a garantizar la continuidad del Protocolo de Kioto y evitar: 

UN PASO ATRÁS PARA EL CLIMA

• El tribunal de justicia europeo condena hoy a España por por las minas a cielo abierto leonesas

Una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea, hecha pública hoy, condena al reino de España por el incumplimiento de las Directivas de Evaluación de Impacto Ambiental y de Hábitats. España ha autorizado nuevas explotaciones mineras de carbón a cielo abierto en el Alto Sil (León) sin realizar una evaluación adecuada de las posibles repercusiones de dichos proyectos y al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats de especies amenazadas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. 

La sentencia especifica que las explotaciones de “Nueva Julia” y “Los Ladrones” se autorizaron sin realizar una evaluación de impacto ambiental apropiada y sin tener en cuenta los riesgos para el urogallo, y que no se han adoptado las medidas necesarias para evitar la degradación de su hábitat ocasionada por las explotaciones “Feixolín”, “Salguero-Prégame-Valdesegadas”, “Fonfría”, “Ampliación de Feixolín” y “Nueva Julia”. 

Una vez más se vuelve a poner de manifiesto la larga lista de incumplimientos de las Directivas Europeas en esta zona de alto valor natural de la provincia de León, declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera, donde sobreviven, entre otras, las mejores poblaciones de urogallo de la Cordillera Cantábrica, tratándose ésta de una especie en peligro de extinción. 

Juan Carlos Atienza, coordinador de conservación de SEO/BirdLife declaró que “es inaceptable seguir financiando con fondos públicos la extracción de carbón en minas a cielo abierto en zonas de alto valor ecológico, debido a su gran impacto sobre la biodiversidad, e ir en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático”. Además, Atienza solicita “una mayor inversión en políticas de desarrollo rural sostenible y promover en las cuencas mineras desarrollos alternativos basados en un respeto al medio ambiente”. SEO/BirdLife considera que proyectos como estas minas a cielo abierto dificultan la obtención de fondos europeos para la Red Natura 2000 que deben garantizar el futuro de estas zonas. 

Desde SEO/BirdLife se quiere reseñar que no es la primera sentencia de la Comisión Europea en este sentido, por lo que solicita al Gobierno de España y a la comunidad de Castilla y León un cambio decidido en sus políticas ambientales y energéticas que fomente la conservación de espacios naturales de importancia, valorando los mismos como productores de riqueza y bienestar para la sociedad y buscando fórmulas alternativas de desarrollo que no hipotequen estas áreas de alto valor para generaciones futuras. 

Sentencia: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=Submit&numaff=C-404/09 

La denuncia la realizaron socios de SEO/BirdLife que censaban en La Laguna de Navaseca (Daimiel, Ciudad Real) y que pudieron fotografiar a los cazadores. Durante una jornada de censos de aves en este paraje tres socios de SEO/BirdLife pudieron observar cómo un cazador abatía un flamenco. Este hecho también fue presenciado por otros dos testigos que paseaban por la zona y que se acercaron a recriminar la acción al cazador y a su compañero de cacería. Los socios de SEO/BirdLife tuvieron el reflejo de fotografiar a los cazadores, así como la matrícula de su coche, pruebas que sirvieron para identificar posteriormente a los cazadores. 

A partir de ese momento, comenzó una investigación compleja del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que obtuvo las pruebas suficientes para condenar a los cazadores. Tras una primera llamada por parte de los socios de SEO/BirdLife los agentes se personaron en la Laguna, pero no o encontraron inicialmente el cadáver ya que había sido ocultado por los cazadores. Un mes más tarde, tras la denuncia por escrito presentada por SEO/BirdLife, los agentes realizaron una nueva inspección encontrando bajo una morera situada en el borde de la laguna el cuerpo, las alas y las patas del ave. En una visita posterior se encontró el resto del cuerpo en las ramas de la morera dónde los cazadores habían colgado el cadáver. Los servicios del Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Sevilleja de la Jara, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, certificaron que se trataba de un flamenco, que fue abatido a tiros en fechas coincidentes con la denuncia, y que las diferentes partes del cadáver encontradas por la Guardia Civil pertenecían al mismo ejemplar. 

Ante las pruebas aportadas, los acusados se declararon culpables y se mostraron conformes con las penas solicitadas por la Fiscalía y SEO/BirdLife, que se había personado como acusación particular. 

Juan Carlos Atienza, coordinador de Conservación de SEO/BirdLife declaró que “SEO/BirdLife felicita al Seprona por su espléndida investigación y solicita una mayor implicación de los cazadores para marginar a aquellos individuos que con sus malas prácticas dan una mala imagen a todo el colectivo. Según nuestra información son miles las aves no cinegéticas, muchas de ellas rapaces, que son abatidas intencionadamente todos los años por delincuentes, durante las jornadas de caza”. 

Esta sentencia se ha logrado gracias al trabajo de los socios de SEO/BirdLife que denunciaron el caso y que aportaron suficientes pruebas para llegar hasta el final. “Este es un ejemplo muy claro del gran trabajo de colaboración de los socios de SEO/BirdLife para denunciar delitos ambientales”, apunta Atienza y añade “hacemos un llamamiento a todos los socios, simpatizantes o cualquier persona que presencie o tenga conocimiento de alguna infracción, nos la haga saber porque es una labor fundamental para conservar nuestras especies y sus hábitats”. 

El pasado lunes salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto Ley por el que la Generalitat quiere modificar la Ley de protección de los animales en el que se establece un régimen de captura en vivo y posesión de pájaros fringílidos (pinzón, verderón, jilguero y pardillo) para la cría en cautividad, dirigida a la actividad tradicional de canto durante el año 2011. 

A juicio de las entidades ambientales, la Generalitat ha cedido ante la presión de la Federación Catalana de Caza para autorizar prácticas prohibidas por las por las directivas europeas y la legislación nacional. Además, las ONG recuerdan que actualmente se encuentra imputada una ex directora general por dar este tipo de autorizaciones en Cataluña. De hecho, es más que probable que la Generalitat quiera blindar la decisión al hacerlo en formato de Decreto Ley que debe ser refrendado el martes que viene por el Parlamento Catalán para evitar que las ONG puedan recurrir la decisión. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha confirmado por dos veces que las administraciones no pueden dar autorizaciones para capturar aves silvestres para enjaular. En este mismo sentido se han pronunciado los técnicos de caza de la Generalitat de Cataluña en informe de agosto de 2010 y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2010. La propia Generalitat hizo una consulta a la Comisión Europea que fue contestada el 20 de julio de 2008 en el que le especificaba que habiendo la posibilidad de obtener aves provenientes de la cría en cautividad no había posibilidad de autorizar la captura de más ejemplares silvestres. 

Además, en julio, todas las Comunidades Autónomas, con el visto bueno de la Generalitat aprobaron unas directrices en las que se especifica que no se pueden autorizar nuevas capturas si no se acredita previamente que no existen alternativas viables a la captura de nuevos ejemplares para evitar la consanguinidad de la población cautiva. Evidentemente, la Generalitat vulnera también estas directrices ya que no ha acreditado este último aspecto. Para las entidades ambientales es evidente que no existe consanguinidad en la población cautiva compuesta por millones de aves en toda Europa y que, localmente puede solventarse mediante el comercio e intercambio de ejemplares. 

Por lo tanto, las entidades ambientales no pueden compartir el contenido de este Decreto y recurrirán a todas las instancias para evitar su ratificación por el Parlamento y su aplicación. Estas entidades ya han enviado información a la Comisión Europea y, en el caso de ser ratificado el Decreto Ley, enviarán la semana que viene una queja ante la Comisión Europea y una solicitud al Gobierno de España para que lleve esta reforma legislativa ante el Tribunal Constitucional solicitando su suspensión cautelar. 

Por otra parte, es criticable el mecanismo establecido por la Generalitat para autorizar esta práctica ilegal. Hacerlo por Decreto Ley evita la participación pública y el control por parte de los tribunales, lo que pone de relevancia es la falta de diálogo por parte del gobierno de la Generalitat, y en definitiva la falta de sensibilidad hacia el medio natural, patrimonio de todos los catalanes. Para las entidades ambientales lo más grave es la forma en que este decreto ley ha sido aprobado, sin permitir la opinión de la sociedad civil ni haber procedido a la consulta sobre el mismo a las entidades ambientales que la representan. 

Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife considera que “es muy grave y preocupante que las administraciones aprueben, por ley, prácticas ilegales contrarias al medio ambiente, que eliminan la posibilidad de recurso en los tribunales por parte de las ONG. Este es el caso de los fringílidos en Cataluña, de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, del Parany en Valencia o del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias”. 

El decreto elimina cuatro especies de la lista de especies protegidas (pinzón, verderón, jilguero y pardillo); prohíbe el pegamento (vesc) aprobando sólo como métodos de captura de aves que estén aquellos previstos en la normativa comunitaria y la legislación básica estatal, y autoriza la captura de hembras de estas 4 especies con el objetivo de conseguir una población cautiva. Esta modificación de la Ley de protección de los animales para sacar del anexo de especies protegidas a estas especies, no se fundamenta en criterios científicos. 

*Entidades ambientales: 
SEO/BirdLife, ADENC, IPCENA, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya, IAEDEN, CEPA; Grup de Defensa del Ter. 

Varios informes sobre este tema en: 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=6054