REMAN

Así, los alrededor de 480.000 millones de euros con los que contaría esta política para el período 2014 – 2020 (unos 5.000 millones anuales para España) seguirían en mayor medida favoreciendo un modelo de producción industrial, poco acorde a la realidad europea, y que a menudo conlleva graves impactos ambientales. Modelo que tampoco lograría la necesaria redistribución de las ayudas entre estados y entre agrosistemas de manera significativa, ni cambiar significativamente la situación actual (el 20% de los beneficiarios reciben el 80% de las ayudas de la PAC), con ayudas orientadas hacia explotaciones más intensivas y/o rentables. 

Ni siquiera la propuesta de la Comisión de ligar un 30% de las ayudas directas a prácticas beneficiosas para el medio ambiente (los llamados pagos “verdes”, que no obstante pueden ser un elemento positivo) serviría para dar la vuelta a esta situación, quedando en un mero lavado de cara. Si nada cambia, se mantendrá la mayor parte del presupuesto destinado a los subsidios habituales, que hasta ahora no han conseguido evitar la pérdida de renta, frenar el abandono agrícola ni eliminar los problemas ambientales. 

Más aún, la propuesta de la Comisión avanza la posibilidad de que ciertos países –entre otros, España- puedan retirar fondos destinados al desarrollo del medio rural -vinculados a objetivos ambientales, económicos y sociales- y emplearlos en ayudas directas del Pilar I. 

SEO/Birdlife y WWF recalcan que en tiempos de crisis económica y ambiental es más necesario que nunca emplear cada euro de la manera más eficiente, beneficiando a aquellos agricultores y ganaderos que preservan los recursos naturales y la biodiversidad o contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Sin este apoyo a la generación de bienes públicos, la PAC perderá la escasa legitimidad que le queda fuera del sector agrario. 

Evitar que la PAC siga promoviendo directa o indirectamente prácticas agrarias nocivas –regadíos en zonas con escasez de agua, laboreos excesivos o inapropiados, aplicación abusiva de fertilizantes-, garantizar el uso sostenible de los recursos, asegurar el cumplimiento de las normas ambientales en materia de biodiversidad, agua o fitosanitarios, y dirigir las ayudas hacia la producción de bienes públicos son los temas claves a afrontar en esta reforma. 

Ambas organizaciones afirman que es imprescindible mejorar el apoyo a la actividad agraria en fincas en Natura 2000 y sistemas agrarios de alto valor natural (pastos vinculados a ganadería extensiva, dehesas, etc.), algo en lo que España y sus agricultores tienen mucho que ganar. 

A partir de la propuesta de la Comisión, estará ahora en manos del Parlamento Europeo y de los propios Estados Miembro el evitar que una oportunidad única se pierda. Asumiendo que se defienda la viabilidad del sector, y el mantenimiento de la capacidad productiva de los territorios, debe tenerse en cuenta que sólo con una PAC sostenible se asegurará el futuro de la propia actividad agraria, además del cumplimiento de los objetivos ambientales de la Unión Europea