REMAN

Las declaraciones de Manuel Chaves sobre dar luz verde al proyecto de parque industrial de Las Aletas, en Cádiz, se unen a otras realizadas en los últimos días por el Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.

En este caso, el objetivo de Francisco Menacho era influir en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica impuesto por la normativa vigente e iniciado por el Ministerio de Rosa Aguilar. WWF critica la intención de Menacho de conseguir a toda costa la aprobación del Plan para que en el último Consejo de Ministros, y con el gobierno en funciones, se apruebe otra vez la creación de una reserva que permita construir un polígono industrial y otras instalaciones asociadas degradando aun más la costa.

Hasta donde WWF ha podido conocer, el proyecto en trámite de Evaluación Ambiental Estratégica y el nuevo mapa urbanístico propuesto es inviable desde el punto de vista legal y ambiental. En este sentido, la organización subraya que, a pesar de las modificaciones realizadas, se sigue vulnerando claramente la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2009, que daba la razón a WWF y ordenaba la paralización de las obras en la zona de dominio público.

El Tribunal Supremo recordaba también en su sentencia que los fines que deben perseguir las administraciones (administración central y Junta de Andalucía) en esta zona del dominio público son garantizar su defensa e integridad y asegurar el uso público. Todos ellos objetivos irreconciliables con las nuevas actuaciones previstas que degradarían la marisma hasta hacer inviable su recuperación.

WWF denunciará ante los tribunales cualquier actuación por parte de las administraciones que suponga la vulneración de la sentencia del Tribunal Supremo.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF, ha dicho: “Nos parece intolerable la presión que a todos los niveles se está ejerciendo sobre el Ministerio de Rosa Aguilar para conseguir la aprobación del Plan de Las Aletas a pesar de que existe una sentencia firme en contra por parte del Tribunal Supremo”. Y añadió: “No estamos dispuestos a aceptarlo, ya que supondría abrir un grave precedente y golpe fatal a la Ley de Costas, por lo que ya estamos analizando las posibles acciones legales a emprender”.