REMAN

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino presentó ayer la reacción de España a las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre el futuro de la Política Agraria Común. Dicha posición, pactada con las CC.AA. y el sector agrario, ignora las importantes implicaciones de esta política en aspectos ambientales y de desarrollo rural. SEO/BirdLife y WWF califican la postura española como decepcionante e inmovilista, centrada en la defensa de un modelo de producción agroindustrial, con probados impactos sociales y ambientales, y alejado de los verdaderos valores de la agricultura mediterránea. 

Ambas organizaciones han señalado que España, en cambio, debería apostar por el camino de reforma iniciado por la Comisión, hacia una política comunitaria que verdaderamente permita compatibilizar la actividad agraria con la conservación de los recursos naturales. Para ello sería necesaria la eliminación del modelo histórico de pagos, basado en niveles de producción, cambiando hacia un esquema que realmente permita reconocer la labor que hacen agricultores y ganaderos a favor del medio ambiente, garantizando, a la vez, el futuro de su actividad. Pretender mantener un modelo de pagos a favor de los sistemas más productivos seguirá comprometiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos para el medio rural: asegurar una renta digna a los agricultores, preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. 

Existen además reticencias por parte del ministerio a establecer los llamados pagos verdes (greening) alegando que los agricultores ya cumplen con suficientes normas ambientales a través de la condicionalidad. Sin embargo, el grave problema de sobreexplotación o contaminación de acuíferos o la imparable pérdida de biodiversidad por prácticas agrarias intensivas en nuestro país demuestran que la actual condicionalidad no es suficiente. En cuanto al “greening”, convenientemente adaptado a las características de nuestra agricultura, dedicado a la rotación de cultivos, la preservación de los pastos permanentes y a asegurar un porcentaje mínimo de zonas de reserva ecológica en las fincas, seria fácilmente asequible para los agricultores extensivos y serviría para mejorar considerablemente el estado de las explotaciones más intensivas. 

En relación a las ayudas de desarrollo rural, el gobierno solicita mayores inversiones en materia de infraestructuras y regadío, entre otras. En este sentido, las organizaciones ambientales consideran imprescindible que se garantice que las ayudas no suponen impactos negativos sobre el medio. En concreto, la inversión en modernización de regadíos es una de las más importantes en el actual período de programación, sin que se haya probado un ahorro real de agua beneficioso para los ríos y acuíferos, tal y como ya ha señalado en sucesivas ocasiones el defensor del pueblo. 

Sin embargo, las ONG consideran positiva la aparente apuesta de España por las medidas agroambientales. A pesar de que necesitan mejoras, estas medidas se han mostrado eficaces para apoyar una gestión favorable para la conservación, contribuyendo a la vez a la viabilidad de las explotaciones. 

Por último, es necesario que España se oponga a la propuesta de la Comisión de posibilitar el trasvase de fondos de desarrollo rural hacia el pilar 1, de ayuda directas. Esto sería un paso atrás en la senda de reforma hacia una PAC realmente sostenible, inteligente e integradora, acorde con las demandas de los ciudadanos europeos, y para la que las medidas del pilar de desarrollo rural es el mejor medio de conseguirla.