REMAN

Un importante grupo de colectivos profesionales, ambientales, científicos y de diferentes ámbitos se unen para rechazar la modificación de la Ley de Aguas. Todos ellos consideran que el control y vigilancia del agua son una herramienta fundamental para asegurar la buena gestión de este recurso cuando los ríos atraviesan varias comunidades autónomas. 

Por ello, exigen el cambio del texto refundido por la Ley de Aguas aprobado por el Gobierno el pasado 26 de agosto, ya que transfiere el control del Dominio Público Hidráulico a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Cataluña. Cabe recordar que las tres solicitaron en sus Estatutos de Autonomía las competencias de vigilancia y gestión de las concesiones de agua.

Los firmantes coinciden en rechazar que la reforma se ha llevado a cabo mediante un trámite de “excepcional y urgente necesidad” insuficientemente justificado y sin consultar ni al Consejo Nacional de Agua ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente, como exige la legislación sobre aguas.

Esta modificación de la Ley de Aguas supone un ataque tan grave a la gestión del agua por unidad cuenca hidrográfica, que ha propiciado que grupos con intereses en muchos casos contrapuestos se unan para resaltar la puesta en peligro de los principios modernos en la gestión del agua imperantes en la UE. Este grupos también lamentan que España, a pesar de ser un país pionero en este tipo de gestión por cuencas, esté cediendo las presiones de las CCAA. El resultado es que un río que transcurre por Andalucía, Aragón o Cataluña es gestionado, parcialmente, por esta comunidad y, parcialmente, por el Estado, con la complejidad que esto supone.

Las organizaciones firmantes recuerdan que sólo una gestión del agua por cuencas hidrográficas, y no por límites geográficos, garantiza que todas las demandas y funciones ambientales de los ríos, como el aporte de agua y la depuración, se puedan cumplir y que la gestión del agua quede a salvo de determinados intereses particulares desde sectores locales.

WWF enviará esta declaración al Defensor del Pueblo para darle a conocer el amplio rechazo de la sociedad a esta iniciativa que pone en peligro la unidad de gestión por cuencas hidrográficas que exige la Directiva Marco del Agua.