REMAN

El Gobierno Canario ha recurrido al Tribunal Constitucional el Catálogo Español de Especies Amenazadas con el argumento de que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias para incluir especies que se distribuyan más o menos exclusivamente en Canarias. El Gobierno Canario ha tomado esta decisión en contra de un informe del Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 372/2011 de 9 de junio de 2011) y contra toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que la normativa básica, entre la que se encuentra el Catálogo Español de Especies Amenazadas, supone un mínimo nivel de protección que la legislación autonómica puede completar, reforzar, ampliar y mejorar, siempre que esas normas autonómicas sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación estatal. Las ONG están convencidas que el alto Tribunal volverá a fallar de la misma manera rechazando los argumentos del Gobierno Canario. 

Según SEO/BirdLife y WWF España, el Gobierno Canario piensa que puede actuar a su antojo, sin embargo, la Constitución Española asegura unos niveles mínimos de protección de la naturaleza que son dictados por las cortes Españolas y por la Administración General del Estado. Este es el caso del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Con esta actuación el Gobierno Canario demuestra nuevamente su bajo interés por la conservación del medio ambiente , tal y como ocurrió a lo largo de la pasada legislatura con el catalogo canario de especies protegidas o con los planes de gestión de los espacios de la red natura. 

Las ONG ecologistas estudiarán, una por una, todas las especies descatalogadas por la comunidad de Canarias en su polémica Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y remitirán una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas de todas aquellas que cumplan con los criterios requeridos para su inclusión. 

Finalmente, SEO/BirdLife y WWF España solicitarán al Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que ya se pronunció en contra de la Ley canaria de descatalogación de especies amenazadas, que promueva en su gobierno la retirada inmediata del recurso ante el Tribunal Constitucional. 

Asimismo, Greenpeace informa de que aún están por resolver cuestiones tan importantes comola financiación de la obra. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene pendiente aprobar un crédito de 125 millones de euros que serviría para pagar la mitad del coste del proyecto. El pasado 14 de febrero los mismos colectivos citados se reunieron en Oviedo con una delegación del BEI para exponer los argumentos que desaconsejan la construcción de una gran incineradora de residuos sólidos urbanos en el Principado. La entidad europea conoció de primera mano la situación real de un proyecto que goza de amplio rechazo social, y que tiene alternativas. 

“La incineradora de Serín fue la apuesta del anterior Gobierno del Principado y con la que pensaban solucionar la lamentable política de gestión de residuos que ellos mismos llevaron durante años en Asturias. Esperamos que el presidente Cascos no caiga en el mismo error y tenga una mayor visión para diseñar políticas sostenibles y que beneficien a los asturianos”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace.

La planta de Serín trataría 420.000 toneladas de basura anuales. Esto supone que el 81% de los residuos de Asturias se incinerarían, lo que va en contra de lo señalado en la jerarquía de gestión que marca la Directiva Marco de Residuos, la recién aprobada Ley de residuos y suelos contaminados. La planta de Serín cuenta con el rechazo popular y con las evidencias científicas y económicas que desaconsejan instalaciones de este tipo. 

“El primer ’round’ de este Desafío Detox es para Puma. Nike y Adidas ahora tienen que ponerse en marcha o, de lo contrario, corren el riesgo de quedarse atrás en la carrera hacia un futuro libre de tóxicos”, ha afirmado Martin Hojsik, coordinador de la campaña de Aguas y Tóxicos de Greenpeace Internacional.

“No es suficiente para Nike y Adidas seguir el ejemplo de Puma. Greenpeace pide a las tres marcas que demuestren su liderazgo siendo los más transparentes ofreciendo información sobre las sustancias químicas peligrosas que actualmente libera durante la fabricación de su productos”.

La declaración de Puma incorpora muchos de los elementos que Greenpeace determina como cruciales para lograr un cambio sistemático en la industria textil: un enfoque de precaución en la gestión de productos químicos, un calendario claro para llegar al vertido cero, y la eliminación de todas las descargas de productos químicos peligrosos a lo largo de su cadena de suministro y en todo el ciclo de vida de sus productos, incluyendo aquellos provenientes de actividades de producción contaminantes, como el “proceso húmedo” (4). 

Puma también ha declarado que publicará un plan de acción en las próximas ocho semanas, en el que se detallará cómo se propone cumplir su compromiso. (5)

El desafío Detox de Greenpeace sigue cogiendo fuerza. El pasado 23 de julio, más de 600 voluntarios se unieron a los consumidores y a los activistas de Greenpeace en el exterior de tiendas Nike y Adidas en 10 países para establecer el récord mundial del mayor striptease simultáneo. Mientras tanto, miles de personas han apoyado la petición online que desafía a los directores ejecutivos de Nike y Adidas a usar su influencia para abordar el tema urgente de la contaminación tóxica del agua y actuar.

Trefinos, la mayor empresa en nuestro país productora de tapones para la industria del champagne y del cava, acaba de unirse a la Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF. Esta alianza, compuesta por una veintena de empresas españolas y portuguesas, tiene como objetivo conjugar economía rural y ecología a través del consumo responsable y preferente de productos forestales. Con esta iniciativa, la compañía se compromete a incrementar, de forma progresiva, los volúmenes de corcho certificado por el sistema FSC usado en su proceso de producción.

En la actualidad, forman parte de la Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF seis de las mayores industrias de corcho a escala mundial, entre las que ahora se encuentra Trefinos. Cabe recordar que estas empresas representan un volumen total de compras que supera los 500 millones de euros y en 2010 el 6 por ciento de este valor correspondía a operaciones de corcho certificado FSC.

En la actualidad, existen más de 80.000 hectáreas de alcornocales certificadas FSC en la Península Ibérica, de las que unas 30.500 se encuentran en España. La previsión es que esta cifra aumente, ya que el reconocimiento de este sello en el mercado está llegando a los productores y actualmente en nuestro país hay al menos 14.000 hectáreas de alcornocales que han iniciado el proceso de certificación.

Por su parte, el sector de la distribución también encuentra en este sello un valor añadido y empresas de Reino Unido, como Sainsbury y The Co-operative, dan prioridad en sus propias marcas de vinos a aquellos que están tapados con corcho FSC. Además, una veintena de bodegas en España eligen esta certificación para sus caldos como garantía de que el corcho proviene de la gestión sostenible del bosque. Igualmente, muchos de los productos de corcho que Leroy Merlin comercializa en nuestro país, están certificados FSC. 

Elena Domínguez, Coordinadora de la Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF, sostiene: “Las señales que lanza el mercado muestran que la certificación FSC es hoy en día una gran oportunidad para el sector corchero. Este sello es además una herramienta muy potente para transmitir al consumidor el “buen hacer” de los productores en el monte, y las cualidades ambientales y sociales de un producto como el corcho”.

Según los representantes de Trefinos, “El compromiso de nuestra empresa con la sostenibilidad queda reflejado de una forma clara en la apuesta por el sello FSC. Este sello representa para el mercado la máxima garantía de que el corcho que usamos ha sido extraído de forma responsable y sin poner en peligro el futuro de nuestros bosques”.

La organización recuerda que los alcornocales, además de ser uno de los ecosistemas de mayor valor en términos de biodiversidad de Europa, suponen una fuente de ingresos muy importante en el medio rural. Sin embargo, a pesar de su importancia ambiental, económica y social, están amenazados por la ausencia de gestión de sus recursos y el declive del mercado del corcho favorecido por el uso de otros materiales sintéticos, como metales y plásticos. 
WWF insta a bodegas, distribuidores de vino y a grandes cadenas comerciales, piezas clave para poner en valor en el mercado el esfuerzo de los productores responsables, a que apuesten por el corcho frente a productos sintéticos y den prioridad al certificado FSC. 

• El uso ilegal de veneno es la mayor causa de mortalidad de perros de caza en el archipiélago, además de una grave amenaza para muchas de las aves que habitan en Canarias y un riesgo para la salud pública 

La Red Canaria contra el Veneno es el resultado del trabajo coordinado por varias instituciones públicas y ONG que, tras el Seminario contra el uso ilegal de sustancias tóxicas celebrado en 2010, han sumado sus esfuerzos para mejorar la gestión de los casos de envenenamiento en Canarias. 

Los promotores de la Red: SEO/BirdLife, la Unidad de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y AVAFES Canarias, han presentado los motivos que originaron la creación de esta Red, sus objetivos y las acciones que se están desarrollando. 

AVAFES Canarias, Asociación de veterinarios para la atención de la fauna exótica y silvestre, está coordinando la Red y ha impulsado la elaboración de unos protocolos de actuación dirigidos a los actores implicados para que sepan cómo actuar ante los casos de envenenamiento. 

El Laboratorio de Toxicología de la ULPGC ha iniciado una Tesis Doctoral que tiene como objetivo evaluar el impacto real que tiene el uso de venenos en el medio natural sobre la fauna de las islas Canarias. Gracias a ello, en tan sólo 3 meses se han analizado unos 40 casos de presunto envenenamiento de animales procedentes de varias islas y se ha confirmado que en más del 80% de estos casos la causa de la muerte había sido la ingestión de veneno, principalmente insecticidas agrícolas prohibidos en la UE. 

Los Ilustres Colegios de Veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han puesto a disposición de los cabildos y veterinarios cajas para el envío de muestras y han financiado la elaboración de materiales divulgativos para la promoción de los protocolos de actuación. 

SEO/BirdLife, a través de su delegación en Canarias y el proyecto Life+ VENENO, apoya y asesora las actividades de la Red, que considera como un importante revulsivo para la lucha contra el veneno en las islas. El proyecto Life+ VENENO desarrolla algunas de sus acciones en Canarias, orientadas a trabajar en la resolución de los conflictos que provocan el uso ilegal de veneno y a minimizar el impacto de las campañas de desratización. 

En los primeros tres meses de funcionamiento de la Red se ha evidenciado una magnífica predisposición por parte de los representantes del ámbito rural, Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Agentes de Medio Ambiente, fiscalía y expertos en conservación de especies silvestres en intensificar sus esfuerzos para erradicar la utilización ilegal de este tipo de sustancias. 

Se pretende que esta Red Canaria contra el Veneno se convierta en un observatorio donde estén representados todos los colectivos implicados o con interés en la conservación de la biodiversidad y el medio natural, encargada de promover y divulgar temas relacionados con el uso ilegal de veneno. 

El veneno en Canarias 
Los efectos nocivos de las sustancias tóxicas usadas como agente de control de fauna han hecho estragos entre las especies de animales silvestres y domésticos que habitan las islas. El uso de cebos envenenados es la mayor causa de mortalidad entre perros de caza en el archipiélago y también, es origen de gran parte de las pérdidas de aves rapaces y carroñeras que habitan en Canarias. Asimismo, la colocación de veneno es una práctica cruel e indiscriminada y nada selectiva que representa un peligro para la salud pública, que está totalmente prohibida por la legislación y tipificada como delito en el artículo 336 del Código Penal Español. 

Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace, SEO/BirdLife y Amigos de La Tierra recuerdan a la Secretaría General del Mar que dentro de las prioridades de la nueva estrategia marina europea y de las del propio MARM se encuentra la declaración, y explotación en sintonía con el ecosistema, de Áreas Marinas Protegidas. El Área de Cabo Roche sería una Reserva Marina de Interés Pesquero que se encuentra en un enclave natural privilegiado debido a la productividad de sus aguas y a sus características geográficas, que hacen de ella un lugar estratégico para el alevinaje, cría y alimentación de las principales especies de interés pesquero del Golfo de Cádiz.

Los pescadores de la Cofradía de Conil, en diversos talleres realizados en coordinación con Ecologistas en Acción, han establecido tres reservas integrales que protegen estas áreas de cría y alimentación. En estas reuniones han participado pescadores venidos de la reserva marina de interés pesquero del mar de Lira, que se gestiona en términos de cogestión entre la administración regional de Galicia y el propio sector pesquero de la zona.

Las organizaciones ecologistas reivindican la cogestión de los espacios marinos entre el sector pesquero de artes menores y la administración como la principal herramienta para solventar el problema de sobreexplotación, al que se enfrentan los caladeros europeos, y solucionar del mismo modo la caída socioeconómica del sector pesquero artesanal en Europa.

Por ello, Ecologistas en Acción, WWF España, Greenpeace, SEO/BirdLife y Amigos de La Tierra le piden al Gobierno de España una respuesta al sector pesquero de Conil, ya que la Cofradía de Pescadores de Conil formalizó una petición de declaración de Reserva Marina de Interés Pesquero en la zona en febrero de 2010 y fue reiterada el pasado diciembre.