NUEVA LEY DE RESIDUOS

ONG AMBIENTAL | julio 2011 | 9:53
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace
Los ecologistas destacan algunas mejoras en el texto pero lamentan los escasos avances ambientales y económicos de la misma
El nuevo texto de la Ley de residuos y suelos contaminados aprobado hoy en el Congreso es fruto de la transposición de la Directiva Marco de Residuos europea a la legislación española. Los grupos ecologistas lamentan la poca ambición que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a la hora de establecer mejoras que podrían haber hecho de ésta una ley pionera en la gestión de residuos y ambientalmente comprometida y responsable.
Durante el trámite parlamentario, se han incorporado a la Ley elementos interesantes como un objetivo de reducción en la generación de residuos del 10% para 2020, la consideración de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) como sistema de gestión de envases, la posibilidad de aplicar un canon a la incineración y al vertido o la certificación forestal de envases y etiquetas.
Sin embargo, han quedado fuera del texto mejoras imprescindibles, demandadas insistentemente por los grupos ecologistas, como la recogida selectiva de la materia orgánica, la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas de plástico de un solo uso o la exclusión de la incineración, como opción de gestión.
La nueva ley ha perdido la oportunidad de responder a las necesidades que tiene España en materia de residuos: el ahorro de recursos naturales mediante el aprovechamiento de los materiales contenidos en la basura, la prevención de la contaminación que provocan tanto la incineración como los vertederos y la creación de empleos verdes en un contexto de crisis económica como la que vivimos actualmente.
Al margen de la nueva Ley de Residuos, el Gobierno español tiene todavía la responsabilidad de cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea. En particular en cuanto a los niveles de reciclaje de envases, que siguen estando por debajo de lo que exige Bruselas y que han motivado la pasada semana el envío de una queja a la Comisión europea por parte de los principales colectivos ecologistas del Estado.

 

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