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Asimismo, Greenpeace informa de que aún están por resolver cuestiones tan importantes comola financiación de la obra. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene pendiente aprobar un crédito de 125 millones de euros que serviría para pagar la mitad del coste del proyecto. El pasado 14 de febrero los mismos colectivos citados se reunieron en Oviedo con una delegación del BEI para exponer los argumentos que desaconsejan la construcción de una gran incineradora de residuos sólidos urbanos en el Principado. La entidad europea conoció de primera mano la situación real de un proyecto que goza de amplio rechazo social, y que tiene alternativas. 

“La incineradora de Serín fue la apuesta del anterior Gobierno del Principado y con la que pensaban solucionar la lamentable política de gestión de residuos que ellos mismos llevaron durante años en Asturias. Esperamos que el presidente Cascos no caiga en el mismo error y tenga una mayor visión para diseñar políticas sostenibles y que beneficien a los asturianos”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace.

La planta de Serín trataría 420.000 toneladas de basura anuales. Esto supone que el 81% de los residuos de Asturias se incinerarían, lo que va en contra de lo señalado en la jerarquía de gestión que marca la Directiva Marco de Residuos, la recién aprobada Ley de residuos y suelos contaminados. La planta de Serín cuenta con el rechazo popular y con las evidencias científicas y económicas que desaconsejan instalaciones de este tipo.