REMAN

El Gobierno Canario ha recurrido al Tribunal Constitucional el Catálogo Español de Especies Amenazadas con el argumento de que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias para incluir especies que se distribuyan más o menos exclusivamente en Canarias. El Gobierno Canario ha tomado esta decisión en contra de un informe del Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 372/2011 de 9 de junio de 2011) y contra toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada que la normativa básica, entre la que se encuentra el Catálogo Español de Especies Amenazadas, supone un mínimo nivel de protección que la legislación autonómica puede completar, reforzar, ampliar y mejorar, siempre que esas normas autonómicas sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación estatal. Las ONG están convencidas que el alto Tribunal volverá a fallar de la misma manera rechazando los argumentos del Gobierno Canario. 

Según SEO/BirdLife y WWF España, el Gobierno Canario piensa que puede actuar a su antojo, sin embargo, la Constitución Española asegura unos niveles mínimos de protección de la naturaleza que son dictados por las cortes Españolas y por la Administración General del Estado. Este es el caso del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Con esta actuación el Gobierno Canario demuestra nuevamente su bajo interés por la conservación del medio ambiente , tal y como ocurrió a lo largo de la pasada legislatura con el catalogo canario de especies protegidas o con los planes de gestión de los espacios de la red natura. 

Las ONG ecologistas estudiarán, una por una, todas las especies descatalogadas por la comunidad de Canarias en su polémica Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y remitirán una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas de todas aquellas que cumplan con los criterios requeridos para su inclusión. 

Finalmente, SEO/BirdLife y WWF España solicitarán al Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que ya se pronunció en contra de la Ley canaria de descatalogación de especies amenazadas, que promueva en su gobierno la retirada inmediata del recurso ante el Tribunal Constitucional.