REMAN

SEO/BirdLife, junto con otros socios de BirdLife de 37 países más, han reunido información sobre la matanza y captura ilegal de aves que se sigue produciendo en sus respectivos países. Los resultados de este estudio han sido presentados en la Conferencia Europea sobre Caza Ilegal de Aves en Larnaka, Chipre, que se está desarrollando estos días. 

Al contrario de lo que mucha gente podría pensar, la caza y captura ilegal de aves no se limitan sólo a los países de la cuenca mediterránea, sino que, como concluye este informe están desgraciadamente mucho más extendidas de lo que podría parecer, y además, son muy pocos los países que han logrado erradicar estas actividades ilícitas. 

En muchos casos, se da muerte a las aves por razones económicas, al ser consideradas por las personas como competidoras por los recursos, o como una fuente de ingresos a través del comercio ilegal. En otros casos, las aves son perseguidas como si fueran trofeos, cazándolas por diversión o por mero desconocimiento de la legislación en materia de protección de especies. Existen datos comprobados de delitos deliberados contra la vida silvestre, en los que más de 81 especies de aves estrictamente protegidas son las principales víctimas. 

El parany en España 
En opinión de SEO/BirdLife no se puede tolerar que se sigan realizando actividades ilegales como el parany o barraca, que consiste básicamente en atrapar aves cuando se posan en los árboles-trampa impregnados con pegamento o liga, impidiéndoles el vuelo, para después darles muerte aplastándoles el cráneo con los dedos. Está modalidad de caza está prohibida por las leyes españolas y europeas. Además, distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaran probado que el parany es una técnica de caza masiva y no selectiva, y confirman su ilegalidad. 

A pesar de estar prohibida esta práctica en España, cada año cientos de miles de aves protegidas son capturadas y mueren en los más de 1.800paranys y barracas ilegales que se distribuyen a lo largo de las comarcas de Castellón, norte de Valencia, sur de Tarragona y puntualmente en el sureste de Aragón, gracias a la tolerancia de las autoridades locales, a que el gobierno de la nación lo considera una práctica erradicada que no supone un problema de conservación, a la presión de los cazadores irresponsables y al respaldo de los partidos políticos, que anteponen la defensa de una cruel “tradición” practicada por unos pocos, al deber de conservar la biodiversidad y el patrimonio natural de todos. 

En opinión de Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife,“esperamos que los gobiernos valenciano, catalán y aragonés dediquen todos los esfuerzos necesarios y de forma eficaz a hacer cumplir la legalidad vigente, erradicando estas prácticas ilegales de sus respectivos territorios y que la justicia persiga con contundencia a todos los infractores. De igual modo, los cazadores responsables y los ciudadanos, deberían aplicar tolerancia cero con estas prácticas”. 

Resultados del informe de BirdLife International 
El citado informe recopila la impresionante variedad de medios ilegales que existen actualmente para capturar y/o matar aves y hace un balance de las motivaciones que subyacen detrás de estos delitos. El uso ilegal e indiscriminado de todo tipo de venenos es uno de los medios más preocupantes para dar muerte a las aves ya que, además, resulta igualmente peligroso para la vida silvestre y para las personas. 

Durante citada conferencia responsables de BirdLife International hicieron recomendaciones específicas a los gobiernos y a la sociedad civil. Señalaron que las soluciones a estos problemas requieren a menudo de una especial sensibilidad cultural y de la plena aplicación de las leyes como un primer paso, indispensable, en este proceso. 

Además, los gobiernos deben establecer protocolos específicos y fomentar la eficacia de las instituciones en estos temas, así como garantizar los fondos adecuados para que las fuerzas del orden, las aduanas y los tribunales puedan aplicar la ley en un tiempo razonable. Los gobiernos y las ONG deberían trabajar conjuntamente para obtener una mejor y más completa información sobre los delitos cometidos contra las especies silvestres, y poder así desarrollar una estrategia común sobre el problema. Finalmente, los países de la Unión Europea y sus vecinos también deberían trabajar juntos para prevenir que los delitos contra la vida silvestre se exporten o se produzcan en otros países, consiguiendo, entre todos, que los esfuerzos conjuntos se centren en la erradicación de este tipo de delitos. 

SEO/BirdLife confirma su voluntad de trabajar con las asociaciones de cazadores, con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como con otros grupos interesados, para encontrar las mejores soluciones a este problema.