REMAN

La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, que se utiliza como método de eliminación de depredadores. Debido a los riesgos que tiene para la fauna amenazada, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. Pero el veneno en el campo no sólo causa problemas a los animales silvestres, sino que supone un riesgo para el medio ambiente y para nuestros animales de compañía y, lo que es especialmente grave, para la salud pública.

Así, los cebos envenenados afectan también a especies de caza que son consumidas habitualmente por el ser humano, como las liebres, perdices, tórtolas, e incluso conejos o jabalís. Si estas piezas llegaran a la cadena trófica humana, podrían causar graves problemas de salud para quien las consuma, puesto que las sustancias que aparecen en los cebos son generalmente de una elevada toxicidad. Este es el caso del aldicarb, retirado del mercado desde 2007 por su elevado riesgo para la salud humana, o el carbamato, catalogado como la segunda sustancia más nociva de Europa.

Por otro lado, los propios cebos envenenados representan también un grave riesgo para la salud pública, puesto que son susceptibles de ser ingeridos por los seres humanos. Se han encontrado cebos preparados con alimentos como tortillas o magdalenas, que tendrían unas consecuencias nefastas si fueran ingeridos, por ejemplo, por un niño que fuera paseando por el campo. Cientos de mascotas mueren cada año de esta forma. La manipulación de las sustancias que se utilizan para prepararlos es muy arriesgada también para las personas que los colocan, si no se tienen los conocimientos adecuados.

El proyecto

El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40%, el proyecto se desarrolla entre 2010 y 2014.

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad, el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras doce comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.