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Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del Gobierno de España y que adopte, como primera medida, la prohibición del cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan  haciendo desde hace años los Gobiernos de Grecia, Austria, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania, Polonia, Italia y, desde la semana pasada, Bulgaria. Estas prohibiciones están basadas en evidencias científicas sobre sus daños al medio ambiente, en las incertidumbres sobre sus efectos en la salud humana y animal, y en la imposibilidad de proteger la agricultura convencional y ecológica de la contaminación genética.

Para las organizaciones firmantes, la prohibición del cultivo de transgénicos por parte del ejecutivo español es un paso imprescindible e irrenunciable para que la apuesta por un cambio en la política agraria del Ministerio sea creíble para el conjunto de la sociedad civil, que defiende una agricultura y una alimentación social, sostenible y libre de transgénicos.