REMAN

Agricultores, ecologistas y consumidores exigen a Rosa Aguilar que la
política española sobre transgénicos deje de estar dictada por las
multinacionales y que se prohíba su cultivo.

Las revelaciones de Wikileaks demuestran la alianza de determinados
miembros del Gobierno de España con EEUU para favorecer a la industria
de los transgénicos y para presionar a la UE.

A raíz de la información publicada hoy en El País, basada en datos de
Wikileaks que evidencian una estrategia conjunta a favor de los
trangénicos de los gobiernos de España y EEUU, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU exigen
que la política española sobre organismos modificados genéticamente
(OMG) deje de estar controlada por las multinacionales y una moratoria
inmediata a su cultivo en España.

Las organizaciones de agricultores, ecologistas y consumidores exigen a
la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que
adopte las medidas oportunas, tome inmediatamente cartas en el asunto
exigiendo responsabilidades a quienes, escandalosamente, han trabajado
para favorecer los intereses de las grandes multinacionales
biotecnológicas en detrimento de los del conjunto de la sociedad, de la
salud pública y del medio ambiente.

Desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido
prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la UE, y es el
único país que ha tolerado su cultivo a gran escala (según datos del
propio ministerio, se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz
modificado genéticamente de Monsanto). Y lo ha hecho sin cumplir con las
normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a
través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos
transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados
con estas peligrosas semillas.

Los datos hechos públicos ahora explican por qué se ha permitido que
campeen a sus anchas las multinacionales del sector, a pesar de los
innumerables casos de contaminación genética y los daños sociales y
económicos que estos cultivos han ocasionado.

Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie
inmediatamente la posición del Gobierno de España y que la primera
medida sea prohibir el cultivo de maíz transgénico de Monsanto MON 810
para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan haciendo desde
hace años los gobiernos de hasta diez países de la UE (entre ellos
Francia, Austria o Alemania) debido a las evidencias científicas sobre
sus impactos en el medio ambiente, la imposibilidad de convivencia de la
agricultura transgénica con la convencional y ecológica y las
incertidumbres sobre sus efectos sobre la salud a largo plazo.