REMAN

Así lo establece en su dictamen del 5 de octubre incorporado al procedimiento, afirmando que “el clausulado concesional no se ha cumplido y ello basta para aplicar el párrafo primero de la cláusula decimocuarta que por ello prevé la caducidad de la concesión”. Y “procede declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones relativas a la escala de peces y al caudal ecológico”. Añade que “la solución definitiva más idónea conforme al Ordenamiento sea la desaparición del azud y la restauración ecológica del río” pues hoy en día “un proyecto semejante no pasaría los estándares que la praxis de la evaluación de impacto ambiental y la gestión de las especies y Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 imponen”.

La construcción y puesta en funcionamiento de esta minicentral estuvo plagada de irregularidades desde el principio: la presa se alzó 2 metros más y el salto de producción se elevó en más de 6 m sobre lo autorizado, el aliviadero se redujo haciéndose insuficiente para evacuar la máxima avenida prevista. Sorprendentemente, el reconocimiento final de la obra realizado en 1995 no reflejó las características reales del aprovechamiento, y el Acta no llegó a tener validez legal ya que el Presidente de la Confederación de aquel momento no llegó a firmarla. A pesar de ello, la minicentral entró en funcionamiento, y durante casi 15 años la CHD hizo la “vista gorda”.

Los numerosos informes, denuncias y quejas cosechadas por la minicentral, evidenciaban que su explotación degradaba insoportablemente el río, llegando prácticamente a desecarlo a voluntad y ocasionando episodios de mortandad de peces en el tramo derivado; y que la “escala” adosada a la presa, mal ubicada y peor diseñada, jamás cumplió su cometido. Por fin, en 2006 la CHD instó al concesionario a adecuar las instalaciones, advirtiéndole de la posible caducidad anticipada del derecho de explotación. En diciembre de 2008, la CHD inició el expediente para anular la concesión, a cuya tramitación han concurrido una veintena de asociaciones ecologistas y de pescadores, y decenas de personas interesadas, apoyando la caducidad. Las alegaciones, junto a los informes aportados por el Servicio Territorial de Ávila, la Dirección General del Medio Natural y la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, han acreditado sobradamente el grave impacto ambiental de la minicentral sobre el ecosistema fluvial de la Garganta y del alto Tormes, la degradación del hábitat acuático, la absoluta inutilidad de la escala y el efecto barrera de la presa, con perjuicios comprobados sobre la pesca.