Fiscalía se querella por tráfico de especies y contrabando tras la denuncia ecologista.Uno de ellos declara que lo salvó de ser abandonado en la frontera de Hungría.
La magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza ha imputado por tráfico de especies y contrabando a los dos ciudadanos de origen rumano en cuyo coche intervino la Guardia Civil un osezno de cuatro meses el pasado 4 de julio. Habían sido llamados a declarar el pasado jueves, aunque solo se presentó uno de ellos, ya que el otro no llegó a ser localizado para citarlo. Compareció el que desde el primer momento aseguró ser el dueño de la bestia, bautizada como Aragón en el Centro de Recuperación de Fauna de La Alfranca y que a finales del pasado verano fue trasladado al parque de Cabarceno, en Cantabria. Cuando la Guardia Civil interceptó, en la A-2 junto a la Expo, el BMW en el que viajaba con un amigo –dueño y conductor del vehículo–, explicó a los agentes que el cachorro de oso era un perro. A su novia zaragozana, según declaró esta a mediados de semana en el mismo juzgado, le había explicado por teléfono que le traía un mono, a lo que ella le respondió que tendrían que llevarlo a una protectora de animales o un centro de fauna salvaje porque no podía tenerlo en su casa. El joven, defendido por la abogada Olga Oseira, ofreció a la jueza instructora una versión novedosa. Le gustan mucho los animales, y, cuando regresaba con su amigo de pasar una temporada en Rumanía, se encontraron en una gasolinera en la frontera con Hungría con un grupo de personas que iban a abandonar al osezno, por lo que se ofreció para quedárselo. Su intención, dijo el jueves, era enseñárselo a su novia y, después, entregarlo a un zoológico. Durante el viaje, alimentaron al cachorro con leche y pienso que, según explicó, les habrían facilitado quienes iban a abandonarlo en la frontera, a los que negó haber comprado la bestia. El animal viajaba en un transportín para mascotas. La magistrada abrió las diligencias penales tras presentar la Fiscalía una querella contra los dos imputados por los presuntos delitos de tráfico de especies y contrabando. El primero está castigado con penas de cárcel de cuatro meses a dos años o multas que pueden superar los 200.000 euros, además de entre 24 y 48 meses de inhabilitación para cazar y pescar, mientras que el máximo castigo por el segundo se sitúa en los dos años de prisión. La Fiscalía, por su parte, entró en el caso tras recibir el pasado verano una denuncia de Fapas (Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes), representada por el letrado José Manuel Marraco y que ejerce la acusación particular. La denuncia tuvo su origen en las informaciones publicadas por la prensa aragonesa sobre la intervención del oso. Marraco dirigió hace unos años uno de los pleitos históricos del ecologismo en España, como el abierto a raíz de la muerte del llamado oso Rubio por un cazador en Palencia. El acusado terminó siendo absuelto, aunque, tras varios años de proceso, el Supremo reconoció en la sentencia la legitimidad de las organizaciones ecologistas para litigar por asuntos medioambientales.
