REMAN

El anteproyecto de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas -o ley de acompañamiento de los presupuestos-, desarrollado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, plantea la eliminación de todos los órganos consultivos de los espacios protegidos, de la red de vías pecuarias y de caza y pesca. El argumento que se esgrime en dicha ley es el del ahorro. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad, ya que ninguno de estos órganos tiene coste alguno. En primer lugar porque carecen de sede – se reúnen en la propia Consejería de Medio Ambiente- y, en segundo lugar, porque las normas de constitución establecen la ausencia de retribuciones a sus miembros.

Parece por lo tanto evidente que detrás de esta ley se encuentra la voluntad del gobierno de la Comunidad de cercenar la participación social, el acceso a la información y, muy particularmente, las reacciones a determinadas decisiones relacionadas con la gestión del territorio. Esto no es más que el resultado final de una política que viene llevando a cabo la Comunidad desde hace tiempo. De hecho, la mayoría de los órganos colegiados no han sido convocados en los últimos años, pese a las continuas peticiones y denuncias de los colectivos ecologistas.

Para las organizaciones resulta inaceptable que, con la supuesta excusa del ahorro, el Gobierno de Madrid quiera silenciar a la sociedad civil y recorte los derechos de participación de los ciudadanos recogidos en convenios internacionales como el de Aarhus. Por ello, exigen al Gobierno regional que elimine de forma inmediata esta propuesta de anteproyecto de ley y cumpla con sus obligaciones de manera que dichos órganos no sólo no sean eliminados, sino que vuelvan a ser convocados de forma regular. De no cumplirse estas exigencias, las organizaciones están dispuestas a recurrir esta ley ante las instituciones competentes.