REMAN

Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de información y participación en materia medioambiental (Ley 27/2006, transpuesta de una Directiva europea), aún es una ley no asumida por la administración sevillana y andaluza más allá de los lavados de imagen ofrecida por el decreto actualmente en tramitación y de la información general publicada en las webs institucionales. La consigna es poner todo tipo de trabas y hacer perder el tiempo a personas que de forma voluntaria y altruista defienden un entorno natural que es de todos. Ecologistas en Acción es una organización declarada de Utilidad Pública. Esta consideración, sumada a sus estatutos, la convierten en parte interesada en cualquier proceso administrativo de carácter ambiental, salvo en los contados casos que la ley estipula de manera excepcional, por más que pese a funcionarios y políticos. Las “puertas abiertas a los ecologistas” que el consejero Trillo proclama son de esta guisa:

El secretario general y hombre fuerte de la delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, sr. Salvador Camacho, es encargado de filtrar la documentación ordenando en el registro que los escritos de los ecologistas, pasen su visto bueno antes de llegar al funcionario al que vayan dirigidos. Ecologistas en Acción señala a este funcionario como uno de los principales responsables del deterioro ambiental de la provincia, Camacho ha creado escuela y ha impuesto su sello en casi todos los departamentos de esa delegación aunque, pedir su dimisión, como se ha hecho tiempo atrás, parezca más bien puntuar a su favor. Torpedear la labor ecologista y ciudadana es considerada un mérito entre muchos funcionarios y políticos de esta administración.

El Delegado Provincial de Medio Ambiente, sr. Francisco Javier Fernández, aún no se ha reunido con Ecologistas en Acción-Sevilla desde que tomó el cargo, pese a que hace cinco meses que se ha solicitado un encuentro en el que debatir diversa problemática ambiental de la provincia. Su secretaria se dedica reiteradamente a poner excusas por teléfono. Resulta evidente su papel continuista y la influencia del ya mencionado sr. Camacho. Sus méritos hasta ahora han sido mentir a la opinión pública afirmando que paralizaría Mina Las Cruces en caso de que faltase a sus condicionantes ambientales, algo que ha ocurrido reiteradamente.

En la Agencia Andaluza del Agua es el Director General del Dominio Público Hidráulico, sr. Javier Serrano Aguilar, el que tiene a bien zancadillear la ley de información ambiental. Todo han sido trabas durante años para conseguir copias de los expedientes relacionados con Cobre Las Cruces. Parapetado en informes técnicos y jurídicos a la carta, niega sus derechos a este colectivo, incluso después de que el Tribunal Superior de Andalucía diera recientemente la razón a Ecologistas y lo considerase “parte interesada” en una documentación que ese Director General se niega a ofrecer. El último expediente sancionador contra la mina, aún no ha podido ser estudiado por nuestra organización gracias a este funcionario.

La Gerente Provincial de la Agencia Andaluza del Agua, Susana Sarria, tampoco atiende a los diversos requerimientos de reunión, faltando incluso a su propia palabra dada en la última reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente. No es de extrañar, ya que su superior, el ya mencionado Javier Serrano, hace ya muchos meses que se niega abiertamente a reunirse con Ecologistas con la excusa de que “se lo impiden las denuncias ante los juzgados en relación con Cobre Las Cruces”. Se ignora que despreciando a los ciudadanos, éstos y sus denuncias, no van a desaparecer, más bien al contrario. Aunque lo que pretende la administración, en parte se consigue: demorar y dificultar la información a toda costa como parte de una estrategia generalizada en la que la Junta de Andalucía intenta evitar poner al descubierto tanto desmán medioambiental apoyado o diseñado por aquellos que están al frente de lo público.

La pésima gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Osuna, atravesada por las vías del AVE, la contaminación y el uso ilegal del acuífero que Cobre Las Cruces ha destrozado con la complicidad de la Junta, el uso del agua del río Guadiamar destinada a los regadíos ilegales de los Hatos, el pretendido decreto que relaja ilegalmente las normas urbanísticas en los Espacios Naturales Protegidos o las Plantas Incineradoras de residuos urbanos previstas son, entre muchas otras, las espinosas razones del boicot.

Legalmente, Ecologistas en Acción tiene derecho a obtener vista y copia de los documentos relativos a la protección ambiental de los proyectos. Acceder a estos expedientes supone acceder al conocimiento de lo que se hace bien, pero también de lo que se hace mal y esto es algo que preocupa enormemente a la administración.

Las quejas ecologistas se han dirigido recientemente al Viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, a quien se ha pedido la elaboración y diseño urgente de un protocolo de información ambiental que evite las contradicciones interpretativas legales y despeje el desconocimiento normativo entre los propios funcionarios de ayuntamientos, diputaciones y resto de consejerías andaluzas. En lugar de esto, la administración nos presenta un borrador de decreto de información ambiental que no pasa el corte de la legislación europea y nacional aplicable. El texto es todo un alarde de control y falta de transparencia sin garantías para el derecho que asiste al ciudadano en materia de información o participación ambiental. Es un texto diseñado para ocultar aquella información que se antoje delicada a los intereses de la administración. Ecologistas en Acción ha pedido en sus alegaciones que el texto sea retirado y se redacte otro con una filosofía mucho más alejada de la antigua KGB.

Es importante recordar que meses atrás, el Defensor del Pueblo Andaluz emitió una contundente resolución favorable a nuestra organización en la que instaba a la Junta a cumplir con la ley y proporcionar la información de carácter ambiental a la que los ciudadanos tienen derecho. Pero hay más, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado recientemente a Ecologistas “parte interesada” en el expediente de la controvertida mina “Cobre Las Cruces” sentando un claro precedente legal. Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (probablemente a instancias de la AAA, heredera de las competencias sobre el caso) ha optado por recurrir incluso al Tribunal Supremo con tal de retrasar y ocultar la información ambiental referida a un expediente que se inició, precisamente, en base a las denuncias de Ecologistas en Acción. La misma ONU ha condenado recientemente al gobierno español por el incumplimiento del Convenio de Aahrus y de la ley de información ambiental en proyectos extremeños como el de la refinería Balboa. Los únicos que no ven claro aquello de la transparencia y la participación ciudadana son los altos y medios cargos públicos y los políticos dedicados a defender intereses económicos particulares puestos al descubierto vía autorizaciones, permisos de proyectos aprobados, expedientes no incoados o informes técnicos obviados, en detrimento del interés social y ambiental general.

Lejos de tirar la toalla, Ecologistas en Acción considera que la actitud ocultista y opaca es claramente indicativa de un sector importante de la clase política instalado en Andalucía y resulta un estímulo para seguir trabajando en la defensa medioambiental y en la denuncia a los abusos de poder, la injusticia social y ambiental o a la poca talla democrática de muchas de nuestras instituciones.