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“El documento comete el error de creer que aquí cabe todo, pero esto es imposible, ya que no hay ni debe haber demanda de energía para todas las fuentes”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña Cambio climático y Energía de Greenpeace. “Si Zapatero quiere crear un millón de empleos verdes, la apuesta estratégica de España deben ser las renovables, y la planificación energética debe prever cómo las viejas energías deben ceder el paso al nuevo sistema que deberá ser 100% renovable”.

Según Greenpeace, lo que se necesita es un acuerdo cuyo objetivo esté orientado a lograr la sostenibilidad del sistema energético, es decir, un acuerdo por la energía 100% renovable, que garantice la sustitución completa por energías renovables de las energías sucias, empezando por la nuclear y el carbón, y  acabar con el derroche de energía, por razones ambientales, económicas y de seguridad de suministro. En vez de esto, el documento insiste en apoyar “callejones sin salida” como la captura y almacenamiento de carbono, que no es más que una excusa para seguir quemando carbón.

Greenpeace lamenta que los diputados miembros de la Subcomisión no hayan tenido en cuenta las propuestas del documento Elementos para una política energética sostenible que les envió la organización ecologista como complemento a las aportaciones realizadas durante la comparecencia de sus representantes ante dicha Subcomisión. En el documento, Greenpeace propone un conjunto de medidas concretas  estructuradas en torno a los siguientes ejes: Objetivos de la política energética, Economía y fiscalidad de la energía, Reforzamiento de las políticas de energías renovables, Reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética, Infraestructuras para la sostenibilidad energética y Reestructuración del sector energético.

Las principales propuestas de Greenpeace que no se ven reflejadas en el acuerdo son:

Alcanzar un suministro energético basado al 100% en energías renovables, no más tarde de 2050.

Superar los objetivos mínimos reflejados en el PANER (obligatorios según la Directiva europea de Renovables) para que en 2020 las energías renovables logren alcanzar al menos un 50% de la producción bruta de electricidad y un 30% de la energía final consumida.

Establecer los plazos para la eliminación de las energías no renovables,  incluyendo una limitación a 30 años de la vida de útil de las centrales nucleares existentes y eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de los permisos de explotación.

Eliminar las subvenciones a todas las energías, empezando por el cese de las subvenciones al uso de combustibles fósiles (como el reciente decreto que subvenciona la quema de carbón), e internalizando plenamente los costes ambientales y sociales de la producción de energía, como la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, la generación de residuos radiactivos y no radiactivos, y la cobertura completa del riesgo de daños en caso de accidentes nucleares.

Imponer una separación patrimonial completa entre las empresas que poseen las redes de transporte y distribución y las que poseen las centrales de generación.