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Oceana llama la atención sobre la falta de voluntad de los Estados europeos de proteger el Atlántico nordeste, lo que supone un incumplimiento de la legislación internacional e incrementa la presión sobre la zona del Atlántico que sufre mayor impacto de actividades humanas. Tras cinco días de reuniones en Bergen (Noruega) de la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino en el Atlántico Nordeste (OSPAR), los gobiernos europeos no han conseguido avanzar en los objetivos de incrementar la creación de áreas marinas protegidas y de frenar el deterioro de esta zona del océano atlántico.

El acuerdo adoptado durante estos días ha sido retrasar hasta 2012 la creación de una red de espacios protegidos marinos, pese a los compromisos de tenerla terminada en 2010. Oceana considera, sin embargo, que 2012 debería ser el momento de poner en marcha el siguiente paso en la conservación del Atlántico y alcanzar un 30% de protección marina y una gestión que permita la supervivencia de todos los ecosistemas del Atlántico norte.

OSPAR ha aprobado la creación de varias áreas marinas en aguas internacionales. Estas incluyen la protección de varias montañas submarinas, como Milne, Altair, Antialtair y Josephine, y dos áreas en la dorsal atlántica. Con las seis nuevas zonas aprobadas, ahora son 165 áreas marinas protegidas (AMP), lo que implica la protección de menos de un 3% de la superficie marina en el Atlántico Noreste en la zona OSPAR, muy lejos del 10% como mínimo que exige el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Las zonas menos protegidas corresponden a las aguas de Bélgica, alta mar y el área que va desde el golfo de Vizcaya hasta el estrecho de Gibraltar, donde menos del 1% está protegido.

 “Los países europeos del Atlántico nordeste han reconocido su incapacidad para cumplir las leyes y compromisos internacionales. Si esto lo hiciera un ciudadano sería sancionado o, incluso, se enfrentaría a penas superiores. Sin embargo, los gobiernos actúan con una total impunidad, algo que no sólo es inaceptable en países democráticos, sino que pone en riesgo la salud y futuro del ecosistema del que depende millones de europeos”, explica Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana Europa.

Bélgica aún no ha declarado ninguna zona protegida; España tan sólo tiene dos, El Cachucho frente a las costas asturianas y el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, en Galicia; Francia ha protegido 9 áreas pero, a excepción del Parque La Mer D’Iroise, el resto son de muy pequeño tamaño; y en el caso de Portugal, las zonas protegidas se concentran sólo en Azores, sin ninguna representación continental.

Por el contrario, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda son los países que concentran mayor número de AMP declaradas, representado un 67% del total en número, aunque apenas llegan al 20% en cuanto a superficie. Noruega, con sólo 8 áreas protegidas, concentra casi el 55% de la superficie protegida, aunque el 97% de esta superficie se concentra en los alrededores del archipiélago de Svalbard.

Además, la aún escasa red de espacios protegidos marinos todavía carece de una representatividad diversa de ecosistemas y coherencia ecológica, ya que el 77% se encuentra dentro de las aguas territoriales y alta mar apenas aporta unos 33.500 km₂ a la red. En este caso, es Alemania la que participa más decididamente en este esfuerzo, con un cuarto de la superficie total de esa cifra en aguas de su Zona Económica Exclusiva.

La oposición de varios países, en especial Islandia y Noruega, ha dado al traste con la creación de áreas marinas protegidas en alta mar.

En 2003 las partes contratantes se comprometieron a crear una red de áreas marinas ecológicamente coherente para el año 2010. Durante la reunión se ha admitido que no han cumplido con los objetivos marcados, posponiendo la fecha hasta el año 2012. Países como España, Francia o Portugal tendrán ahora la oportunidad nuevamente de hacer un mayor esfuerzo en al declaración de AMP y cumplir así con este acuerdo internacional.

Por otra parte, Alemania ha propuesto una moratoria en la instalación de nuevas plataformas petrolíferas,  algo que ha contado con la oposición frontal de los países productores de la zona, como Noruega y Reino Unido, por lo que ha sido rechazada.

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