REMAN

Según Greenpeace, la ausencia de esta documentación es una clara muestra de que el Ministerio de Industria inició el proceso que debía finalizar con la construcción del cementerio nuclear, y su centro tecnológico de experimentación nuclear asociado, sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica para comenzar el procedimiento.

Asimismo, Greenpeace considera inaceptable que el Ministerio haya afirmado en numerosas ocasiones que poseía esos documentos y que finalmente haya admitido su inexistencia a raíz de que la organización haya llevado la cuestión a los tribunales. De la misma manera, se demuestra la ausencia de credibilidad de los alcaldes que han promovido su localidad como municipio candidato, puesto que han solicitado una instalación nuclear sin conocer en detalle en qué consistía el proyecto ni los riesgos para la salud y el medio ambiente que conllevaría.

Estos documentos son: Proyecto Técnico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, Estudio de Seguridad del ATC, Proyecto Técnico del Centro Tecnológico Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad, Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los Informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo. En el oficio remitido a la Audiencia Nacional por el Ministerio, éste dice disponer sólo de un “estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en  inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN”.

“Hoy queda claro que el Ministerio de Industria y ENRESA se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa. Por tanto, el proceso del ATC es nulo de pleno derecho”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Greenpeace considera que la inexistencia de esos informes, fundamentales para poder conocer y entender el proyecto, demuestra claramente que el proceso del ATC es ilegal, pues vulnera los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (conocido como Convenio Aarhus), elaborado en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005.

“El Gobierno debe anular inmediatamente este proceso y empezar otro donde se busque realmente un amplio consenso social y territorial, contando con las organizaciones medioambientales”, ha añadido Bravo.

Greenpeace interpuso, a finales del pasado mes de febrero, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (al que se ha sumado Ecologistas en Acción) para impugnar la Resolución del 23 de diciembre de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, que iniciaba el proceso de búsqueda de candidatos para alojar el cementerio nuclear centralizado (ATC) y su centro de experimentación nuclear asociado.

Greenpeace denunció desde el comienzo del proceso que nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado o de los parlamentos autonómicos, ha podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. Esto se confirma ahora ya que se ha demostrado la inexistencia de esos documentos.

Las organizaciones ecologistas han criticado desde el principio que el proceso del ATC se haya caracterizado por la ausencia de mecanismos de participación pública previos al inicio del proceso, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos negociada en secreto.

Documentación disponible:
- Providencia de la Audiencia Nacional en la que se indica la inexistencia de la documentación: