El pasado mes de julio, Ecologistas en Acción presentó una querella contra cuatro cargos del Ayuntamiento de Madrid y cinco de la Comunidad de Madrid por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental. Ahora el Juzgado de Instrucción número 50 los llama a declarar como imputados. Los hechos afectan a la finca La Muñoza, propiedad de la Fundación Carmen Pardo Valcarcel y se ubica en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, junto al monte de El Pardo.Entre los citados a declarar como imputados se encuentran el Director General de Ejecución y Control de la Edificación del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Norberto Rodríguez Pérez, el Jefe de Sección de Licencias, Manuel Benitez Pérez, el Jefe de la Unidad Técnica de Licencias de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, Ángel del Palacio Mestres y el Jefe de Sección de Licencias y Adjunto Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Mora Hipólito, todos ellos del Ayuntamiento de Madrid que comparecieron ante el juzgado el pasado jueves 14 de octubre.Además, el viernes 22 de octubre deben declarar Domingo Menéndez Menéndez que era Director General de Urbanismo y Planificación Regional cuando sucedieron los hechos, Mª Jesús Villamediana que era Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Miguel Díaz Villar, Técnico del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, Cristina Bustamante Arenas, Jefe del Servicio de Planeamiento y Control de Madrid Capital de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional y el que era Director-Conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Antonio Sanz Palomo, todos ellos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.Los hechos denunciados se iniciaron en 2006 y persisten en la actualidad. Afectan a la finca La Muñoza, propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarcel, y situada en carretera El Pardo-Fuencarral km 4.1, dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), sobre terrenos clasificados, por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid como no urbanizable de protección ecológica.La propiedad de la finca ha rehabilitado la edificación existente y ha instalado una carpa. Todo el conjunto se utiliza como salón de banquetes y se celebran espectáculos musicales con un horario permitido hasta las cinco de la madrugada. Ni la carpa, ni los espectáculos, ni el uso terciario (salón de banquetes) son autorizables en el suelo no urbanizable de protección ecológica, incluido en el PRCAM. A pesar de ello, diferentes departamentos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid han emitido autorizaciones y licencias que permiten que se realice, sin ningún problema, esas actividades.Para eludir las restricciones ambientales que establece la normativa del PRCAM, la Fundación Carmen Pardo Valcarcel, solicitó autorización para realizar actividades formativas y educativas, uso que sí se permite en el espacio protegido. Sin embargo poco a poco esa autorización, para usos educativos, se acabó convirtiendo en una licencia para celebrar eventos y finalmente en un salón de banquetes. Además, la actividad no se ha sometido a la preceptiva evaluación ambiental de actividades, trámite que depende del Área de Gobierno de Medio Ambiente, dirigido por Ana Botella Serrano.Aunque resulta evidente que la finca se dedica a la celebración de eventos, en la puerta de acceso principal aparece un cartel que cataloga las instalaciones como Centro Especial de Empleo Subvencionado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.En las inmediaciones de la finca La Muñoza hay varios vecinos. Alguno de ellos lleva años denunciando las molestias que sufre por los elevados niveles de ruido. En la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo constan 29 actas de la policía municipal y 52 inspecciones. A pesar de ello, las denuncias interpuestas han sido archivadas y las actas de la policía se acumulan sin que se les de trámite alguno.Aunque la propietaria de la finca y promotora de la actividad es la Fundación Carmen Pardo Valcarce, la actividad mercantil se explota por la sociedad Las Higueras del Tambor S.L. Ambas entidades están vinculadas a Carmen Cafranga Cavestany que controla de forma directa o indirecta el 78% del accionariado. Cafranga forma parte de la Comisión de Control de Caja Madrid, en representación de la Fundación Carmen Pardo-Valcarcel, como Entidad Representativa.Además, Carmen Cafranga Cavestany junto a Ana Botella Serrano, Delegada del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, son vocales en el Patronato de la Fundación Realiza. La Fundación Realiza comparte los mismos objetivos y la misma sede social con la Fundación Carmen Pardo Valcarce. Además, entre las empresas colaboradoras de la Fundación Realiza, se encuentra la Fundación Carmen Pardo Valcarcel.Por otra parte, según se ha publicado en diversos medios de comunicación Cafranga ostenta el cargo de secretaria general en la firma de arte Subastas Segre, de la que es presidenta Lourdes Cavero Mestre, esposa del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio González González.A juicio de Ecologistas en Acción, las relaciones de la Presidenta de la Fundación Carmen-Pardo Valcarcel con miembros del gobierno regional y municipal, podrían haber influido en las autorizaciones e informes favorables emitidos para permitir una actividad no autorizable dentro de un espacio protegido. Por ello, esta organización intentará que las responsabilidades penales, si las hubiera, no recaigan simplemente sobre los técnicos y cargos que han firmado las correspondientes licencias e informes.