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Resolución íntegra del Defensor del Pueblo

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ha aprobado una Resolución sobre el “Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos”, en la que realiza una dura crítica a este proyecto de Decreto promovido por la Consejería de Medio Ambiente (CMA) y pide su adecuación a la Ley 30/1992, ley básica estatal, que determina la prevalencia de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales sobre los planes urbanísticos. La Junta de Andalucía pretende por Decreto subvertir esta norma básica y lógica, dado prevalencia a los planes urbanísticos sobre los planes de protección de los parques naturales, lo que puede tener unas consecuencias imprevisibles. En la respuesta dada por el Viceconsejería de Medio Ambiente al Defensor del Pueblo se reconoce abiertamente que el Decreto persigue la prevalencia de los “parámetros de edificación menos restrictivos” de los planes urbanísticos sobre la normativa de protección de los parques naturales.

La Resolución del Defensor del Pueblo es tajante, al entender que “La regulación proyectada podría tener repercusión sobre derechos contemplados en el Título primero de la Constitución y en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente sobre el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y sobre el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad; que son Administraciones públicas de Andalucía las que ostentan competencias en la materia; y que podría verse infringido el artículo 18 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad…”

Chamizo incluye las siguientes Consideraciones en su Resolución:

• El planeamiento urbanístico de los municipios insertos dentro de los Parques Naturales únicamente puede adaptarse a las disposiciones contenidas en los PORN, de forma que cualquier contradicción entre ambas regulaciones debe ser resuelta en favor de lo reglado en la normativa reguladora de los espacios naturales protegidos.

• Según el proyecto de Decreto, la norma urbanística aprobada por cada municipio podría derogar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)…, “Y esto no sería, ni más ni menos, que incumplir con la disposición básica estatal contenida en el artículo 18.2 de la Ley 42/2007… contraviniendo pues el mandato constitucional… según el cual «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

• La única duda que restaría por resolver sería cómo pretende la Administración ambiental andaluza evaluar favorablemente un plan urbanístico que contemple parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las del PORN, cuando la única norma vigente en el momento de la evaluación ambiental sería precisamente el PORN y éste contemplaría parámetros de edificación y características constructivas más restrictivas.

• Entendemos por tanto que la regulación proyectada resulta frontalmente contraria a lo dispuesto en la norma básica estatal en materia de medio ambiente, y por consiguiente ineludible para la Administración autonómica, de forma tal que si se llegara a aprobar con la redacción prevista resultaría nula de pleno derecho.

Chamizo termina con un contundente: Finalmente, enjuiciamos como inapropiada para la protección del medio ambiente una regulación como la pretendida, habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios naturales de nuestra región.

Ecologistas en Acción de Andalucía ha acogido con satisfacción esta Resolución que viene a darnos la razón a nuestras críticas y alegaciones a este proyecto de Decreto. Hay que recordar que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) remitió el Decreto a las Juntas Rectoras de los distintos parques naturales para su informe, en todas ellas los representantes ecologistas advertimos de la ilegalidad de la misma, exigiendo su retirada.

También solicitamos en esas Juntas Rectoras el preceptivo informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, algunos presidentes/as y delegados/as provinciales de la CMA aseguraron que existía, y era positivo. Personados representantes de Ecologistas en Acción en el expediente administrativo de este Decreto, hemos podido comprobar la inexistencia de dicho Informe Jurídico, lo que nos parece prueba de la forma torticera en al que se ha tramitado este Decreto, incumpliendo normas legales de rango superior, y que tan solo pretendía abrir los parques naturales a la especulación urbanística. Lamentablemente, los alcaldes y los máximos responsables de la Junta han vuelto a actuar como mandaos de estos especuladores urbanísticos, y no como defensores del interés general y de los espacios naturales de Andalucía.

Ecologistas en Acción va a exigir de nuevo al Consejero de Medio Ambiente, Juan José Trillo, la retirada inmediata de este proyecto de Decreto, y exigirá también responsabilidades en las distintas Juntas Rectoras por el apoyo que se le dio a una norma manifiestamente ilegal, lo que podría ser incluso constitutivo de delito por parte de los funcionarios y responsables de la administración que votaron a favor del mismo.

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