REMAN

Junichi Sato y Toru Suzuki han sido hoy condenados por robo y allanamiento después de haber realizado una investigación en la que se  denunciaba la malversación de fondos públicos. Durante esta investigación los dos activistas interceptaron como prueba numerosas cajas que provenían del barco ballenero Nisshin Maru y que contenían carne de ballena destinadas al comercio privado, iniciativa que está penalizada por la regulación del programa de “caza científica”.

Activistas de Greenpeace se han concentrado en las puertas de la Embajada de Japón en Madrid desde las 5:00h de la mañana para mostrar su apoyo a los dos compañeros. La vigilia ha finalizado cuando se ha conocido la sentencia.

“Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como así garantiza el derecho internacional” ha declarado Junichi Sato. “El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, sobre los que nuestra defensa se ha basado,  está por encima de la legislación penal japonesa pero en el procedimiento judicial no se ha tenido muy en cuenta”.

“Esta sentencia es totalmente desproporcionada e inmerecida”, ha aafirmado Toru Suzuki. “Quisimos revelar la verdad sobre el programa japonés de caza de ballenas y a cambio hemos sido castigados, mientras que los criminales responsables del uso incorrecto de los fondos públicos se pasean libres por la calle”.

Tras la noticia activistas de Greenpeace colgaron pancartas frente a las embajadas japonesas de todo el mundo, para señalar que la sentencia suponía una mancha sobre democracia y los derechos civiles.

Después de su arresto en junio de 2008, Sato y Suzuki fueron retenidos durante 26 días, decisión que fue criticada por el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (1) ya que vulneraba sus derechos fundamentales y estaba políticamente motivada. A continuación se inició un proceso judicial que ha durado dos años, durante los cuales los oficiales y la tripulación de la compañía ballenera se han contradicho en declaraciones cruzadas sobre las pruebas existentes sobre la malversación de fondos.

Al comentar el caso, el experto internacional en derecho, y testigo de la defensa en el caso, el Profesor Dirk Voorhoof ha declarado: “El caso de los dos activistas ya ha constituido una violación de sus derechos por la forma que han sido tratados al ser arrestados durante 26 días. Si bien la libertad condicional es preferible al encarcelamiento directo, sigue constituyendo un fracaso más en el respeto a los derechos de los dos activistas que nunca debieron ser arrestados y acusados. También supone un desaliento para que en el futuro organizaciones y periodistas investiguen las malas praxis de las autoridades”.

El caso de Sato y Suzuki ha generado interés internacional, desde figuras políticas, como el premio Nobel Desmond Tutu, hasta grupos de defensa de los derechos humanos y expertos legales (2). Durante una visita a Japón del Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, expresó su preocupación por el caso, particularmente por la vulneración de los derechos humanos, derechos de libertad de expresión y asociación. Enfatizó además la función tan importante que realizan las ONG en la sociedad y cómo su trabajo debe ser respetado.

“Los activistas no son criminales, y al tratarlos como tales se produce un consecuente temor a la libertad de expresión en la sociedad, lo que deteriora la calidad de la democracia”, ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace, que se ha concentrado junto a activistas de Greenpeace frente a la embajada de Japón desde las cinco de la mañana a la espera del veredicto. “El derecho a exponer, de forma pacífica, las irregularidades no es sólo un pilar fundamental de cualquier democracia, sino que también debe ser firmemente defendido. Greenpeace va a continuar considerando este caso como una prioridad mundial hasta que sea revocada esta condena injusta”.

— Greenpeace