REMAN

COMERCIO DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EN CANTABRIA. AÑO 2009

La Directiva 2003/87/CE y su transposición por la Ley 1/2005 regulan el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero que, junto a los proyectos de inversión en tecnología limpia en países terceros (desarrollo limpio y aplicación conjunta), constituyen los llamados mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

El anexo 1 de la Ley 1/2005, establece aquellas actividades industriales que se encuentran sometidas al comercio de emisiones y que en Cantabria afecta a 20 industrias.

El segundo Plan de Asignación 2008/2012 otorgaba a estas industrias gratuitamente derechos de emisión que evidentemente pagamos todos los contribuyentes. La teoría es fomentar medidas de ahorro y eficiencia de manera que, en caso contrario si exceden ese cupo, tienen que acudir al mercado de emisiones u otros mecanismos de flexibilidad para poder emitir más CO2.

Hasta ahí la teoría, la práctica es que ante sus presiones y amenazas de deslocalización de la producción, prácticamente les asignaron todos los derechos que solicitaron y, como no eran tontos, pidieron de forma generosa, que para eso era gratis

Después de asignación ha venido la crisis económica con la consiguiente caída de actividad y en mucha menor medida la implantación efectiva de medidas de ahorro y eficiencia (total para qué). Especialmente clamoroso es el caso de todas las industrias relacionadas con la construcción que negociaron los cupos en plena “orgia del ladrillo”, aunque ya entonces se vislumbraban signos muy evidentes de agotamiento y final de ciclo. A pesar de ello a estas empresas, especialmente las del cemento, azulejo y ladrillo, les otorgaron derechos tomando como referencia el mayor pico de producción de su historia y para todo el periodo comprendido del 2.008 al 2.012.

Llegó la crisis y ya en el año 2.008 se produjo un excedente de derechos de emisión muy importante y que lo es más grave, asistimos al bochornoso espectáculo de que estas industrias vendieran esos derechos que el Estado les había entregado de manera gratuita y que en el conjunto estatal les supuso unos ingresos de unos 300 millones de euros. Pero lo peor de todo era la previsible repetición en los años sucesivos. Lo razonable, pensaremos todos, era que se imponía una urgente renegociación de los derechos de emisión o al menos rescate por parte del Estado de aquellos derechos sobrantes. Pues de eso nada de nada, lo que se da no se quita, es decir que hasta el 2.012 eso no se toca.

El año 2.009 asistimos otra vez a ese bochornoso espectáculo. En el cuadro que os adjunto se relacionan las industrias de Cantabria afectadas, los derechos asignados, los verificados y la diferencia. Luego hemos calculado los gastos o ingresos que ha supuesto para cada una de esas industrias en función de 13,32 €/Tn/CO2, de promedio de cotización en el año 2.009.

Las cifras presentadas en la siguiente tabla son elocuentes:

Con la excepción de Solvay Cogeneración y Dolomitas de Castro todas las demás tienen excedentes y en algunos casos muy suculentos, especialmente Solvay Química, Cementos Alfa y Sidenor. En conjunto, las empresas cántabras habrían ingresado unos 7,2 millones de euracos por su cara bonita o mejor dicho, nos han sacado del bolsillo a todos los contribuyentes. Ahora se explica alguno como algunos empresarios hablan tan bien del Protocolo de Kioto y dicen aquello de “es un reto ya la vez una oportunidad”. Y tanto

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