REMAN

La norma habla de fomentar el uso de la bicicleta en el municipio, pero lo cierto es que el cumplimiento estricto de su articulado haría prácticamente inviable el uso de la bici como medio de transporte alternativo.

La ordenanza denota que quien la ha redactado no ha circulado por el municipio en bici como forma de transporte para ir al trabajo, al centro escolar, a instituciones públicas, a centros de ocio, a parques y jardines, a bibliotecas… Ni ha sufrido los problemas de inseguridad en su uso.

Es vergonzosa la actitud del Ayuntamiento, que una vez más carga las tintas contra los usuarios más desfavorecidos. La verdadera lacra para la calidad de vida de los peatones y del resto de ciudadanos del municipio son los coches y motos, a los que Miguel Ángel Cámara da un trato de favor a pesar de ser una fuente inagotable de problemas urbanos, y de estar detrás de miles de muertes anuales en este país.

Una vez más, el Alcalde Miguel Ángel Cámara ha puesto sobre la mesa su verdadero compromiso con el medio ambiente y con los ciudadanos del municipio, a través del anuncio de una irracional y abusiva Ordenanza de uso de la bicicleta en Murcia, presentada por la Concejal de Seguridad y Circulación, Nuria Fuentes, y la de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá la semana pasada.

El alcalde vuelve a insistir en políticas de carácter autoritario y sancionador. La redacción de esta norma parece centrada en un afán recaudatorio y restrictivo, más que en el deseable afán regulador y sobre todo conciliador. Además denota un absoluto desconocimiento del uso de la bicicleta en general y de la problemática del uso de la misma en las calles y espacios de este municipio en particular. Supone un desprecio a cientos de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente que utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano habitual, y a aquellos que no lo pueden hacer por la falta de seguridad.

Además, buena parte de los usuarios de la bicicleta no disponen de otro medio de transporte, ni de recursos para utilizar el desastroso, ineficaz y carísimo transporte público del municipio, el cual por cierto requiere de una reestructuración y revisión de tarifas urgente.

Mientras, en los nuevos viales construidos o en construcción no existen carriles bici, y casi ni aceras.

Por no hablar de la mala implantación de carriles bici y vías compartidas que se está llevando a cabo en el municipio, olvidando zonas prioritarias como los polígonos industriales, los campus universitarios, centros educativos, etc.

También habría que revisar la ubicación de muchos de los aparca bicis instalados en el municipio, no se usan por excesiva e innecesaria distancia a los lugares de afluencia, por ocupación por motos, por estar excesivamente escondidos…

Una ordenanza abusiva, mal concebida y con limitaciones a la participación pública

Primero llama la atención el insuficiente período de 10 días para la presentación de alegaciones a un texto abusivo redactado de manera unilateral con muy poco acierto. Estas prisas innecesarias sólo sirven para limitar la participación pública, cuando esta norma debería buscar el máximo consenso social para ser eficaz.

Muchos colectivos sociales ya se han manifestado en contra de la norma y han presentado alegaciones al citado texto.

El propio contenido de la norma se extralimita estableciendo obligaciones, prohibiciones y sanciones muy por encima de las normas de Seguridad y Circulación Vial vigentes, y posee varios puntos de ambigüedad o autocontradicción.

En la práctica, su aplicación supondría poco menos que criminalizar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el casco urbano, algo insólito en un Ayuntamiento europeo del siglo XXI, en plena lucha contra el calentamiento global y contra la contaminación del aire. Más aún si se tiene en cuenta que contradice la abundante “propaganda verde” del consistorio.

La movilidad urbana y su problemática

En el municipio de Murcia el vehículo que predomina es el coche, y generalmente ocupado por una sola persona.

La contaminación del aire en las ciudades es principalmente fruto de los vehículos a motor. Cada año 16.000 españoles mueren prematuramente debido a la contaminación del aire que respiramos (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).

La contaminación del aire afecta a la salud de todos los ciudadanos, pero especialmente a los más sensibles (niños, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos de asma, bronquitis, enfermedades cardiovasculares…). En términos económicos, la contaminación del aire provoca un gasto sanitario de 16.839 millones de euros anuales al estado español. Todo esto sin contar con los múltiples problemas de salud que produce el ruido en las ciudades, provocado principalmente por el tráfico motorizado y las obras.

A esa enorme e intolerable cifra de muertes indirectas relacionadas con el tráfico, hay que sumar las miles de muertes causadas directamente por accidentes de tráfico: En 2008 se produjeron un total de 93.161 accidentes con víctimas, dejando un total de 3.100 muertos, 16.488 heridos graves y 114.459 heridos leves. Más de la mitad de estos accidentes se producen en zona urbana. Además son los accidentes que menos han reducido el número de víctimas mortales en el periodo 2003-2008 (en carretera un 45%, mientras en zona urbana sólo un 31%).

En casco urbano los peatones son los más perjudicados en un accidente, suponiendo el 42% de los fallecidos. Los grupos de mayor riesgo son de los 15 a los 24 años (20’5%) y los mayores de 75 años (18’3%).

También es muy significativo que los accidentes de tráfico en zona urbana, al contrario de lo que ocurre en carretera, se concentran en los días laborables. La mayoría de desplazamientos urbanos son para ir al trabajo, a instituciones públicas, centros de salud, centros deportivos, centros de estudio, centros comerciales y lugares de ocio…

El coche privado es el que produce la mayor parte de las víctimas entre los peatones, siendo más graves las lesiones provocadas por los coches “todoterreno”, aumentando la probabilidad de muerte. También son los más contaminantes.

Curiosamente en los últimos años este tipo de vehículos ha experimentado un crecimiento exponencial en el municipio.

Al contrario de lo que intencionadamente se quiere hacer creer, la bicicleta supone un riesgo insignificante para el peatón respecto a los vehículos a motor, tanto en número como en gravedad de los accidentes. En cambio el beneficio que supone para el conjunto de la sociedad es evidente.

Por eso, el Ayuntamiento debe trabajar para reducir la necesidad del uso del coche y moto para la vida cotidiana de los habitantes del municipio, potenciando el transporte público, la bicicleta y las zonas peatonales. Esto supondría la reducción de la mortalidad directa e indirecta del tráfico, la contaminación del aire y el ruido, el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, y del espacio público para peatones, además de un menor gasto en sanidad y en infraestructuras, dejando más presupuesto para otras necesidades sociales que actualmente no están bien cubiertas.

Las organizaciones firmantes exigen:
 Que se refleje en la ordenanza la multitud de correcciones que se han enviado por parte de diferentes colectivos a través de las alegaciones presentadas, y se elimine de su articulado las obligaciones y prohibiciones abusivas denunciadas.
 Que el texto que surja después de esta primera tanda de alegaciones por parte de colectivos, sea expuesto a información pública por espacio mínimo de un mes, para permitir la participación de todos los ciudadanos, incentivándose la misma con una difusión adecuada.
 Que la ordenanza que se proponga definitivamente esté concebida para incentivar el uso de la bici, compatibilizando el uso compartido de las aceras con el peatón, y con un carácter correctivo, pero no abusivo, de las sanciones para aquellos que muestren actitudes incívicas o de riesgo.
 Que en la persecución de las actitudes incívicas de todo tipo de usuarios, se haga especial hincapié en los que más problemas provocan a la comunidad: los coches y motos. Fomentando siempre el respeto entre todos los tipos de usuarios de la vía pública.
 La urgente reestructuración del transporte público del municipio y la revisión de las elevadas tarifas actuales, fomentando la intermodalidad.
 La inversión en campañas de concienciación al ciudadano para incentivar el transporte público y los transportes no motorizados como la bici, patines, a pie, etc.
 Inversión en campañas de educación vial para todos los usuarios (peatones, ciclistas, motoristas, automovilistas…), fomentando el respeto entre los distintos tipos de usuarios, y priorizando los derechos de los más desfavorecidos: los peatones.

Asociaciones firmantes:
 Ecologistas en Acción de la Región Murciana
 Asociación Oficina Verde de la Universidad de Murcia
 EUBACTERIA (Estudiantes universitarios de Biología)
 Foro Ciudadano
 WWF – Grupo Murcia
 Eplan
 Mujeres de la tierra de Murcia

Fuente:

La estación de medición de la contaminación del aire de Luca de Tena era una de las que peores registros acumulaba año tras año. El Ayuntamiento de Madrid siempre alegó que estaba en una ubicación que, por unas determinadas circulaciones de aire, acumulaba unos niveles de contaminación muy altos. Causa perplejidad que el Ayuntamiento haya retirado dicha estación de medición mientras que en el mismo lugar permanece una zona de juego de niños, sin ninguna advertencia de los altos niveles de contaminación que ahí se registran. Por ese motivo, un grupo de activistas de Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), han instalado hoy un panel que advierte de esta circunstancia a los padres.

Como es conocido, el Ayuntamiento de Madrid ha procedido recientemente a reestructurar la red de medición de la calidad del aire en Madrid. Como también es notorio, buena parte de las estaciones que acumulaban peores registros han sido trasladadas a otras ubicaciones. Entre las que han desaparecido, se encuentra la estación de Luca de Tena.

La tabla siguiente muestra hasta qué punto los índices de contaminación que se registraban en esta estación de medición eran malsanos.

(1) Según la legislación vigente, desde 2005 no se deben superar más de 35 días al año el nivel de 50 µg/m3 de partículas PM10. Luca de Tena algunos años ha rebasado en más de 5 veces este límite.
(2) Según la legislación vigente, desde 2010 no se debe superar de media anual 40 µg/m3 para el dióxido de nitrógeno, NO2. Luca de Tena, nuevamente, viene superando de largo estos límites.
(*) 32 días sin registrar datos.

Para Ecologistas en Acción y la FRAVM resulta indignante que junto a esta estación se sitúe una zona de juego de niños sin que en ningún momento el Ayuntamiento haya informado de los altísimos niveles de contaminación que se registran en la zona. Ahora, la estación desaparece, pero la contaminación y la zona de juego permanecen.

Los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación atmosférica por varias razones: respiran más aire (su frecuencia respiratoria es mayor y hacen más ejercicio físico), están más expuestos a la contaminación (están al aire libre más a menudo) y pesan menos (por lo que la relación entre dosis de exposición y peso corporal es mayor). Numerosos estudios sobre calidad del aire y salud infantil indican que niveles de contaminación como los registrados en la Plaza Luca de Tena inciden muy negativamente en la salud de los niños, y se traducen en aumentos de ingresos hospitalarios e incluso aumentos de mortalidad en menores de 10 años.

Por este motivo, Ecologistas en Acción y la FRAVM han instalado un cartel junto a la zona de juego infantil, que advierte de la peligrosidad de respirar este aire contaminado. Al mismo tiempo, una vez más, exigen medidas eficaces e inmediatas al Ayuntamiento para que se cumpla la ley y se garantice un aire saludable a los madrileños. Estas medidas no pueden ser otras que la puesta en práctica de un plan de lucha contra la contaminación eficaz, que reduzca el tráfico, tal y como exige la normativa vigente. Entre tanto, como mínimo es exigible que se informe de cuáles son los lugares más contaminados y se haga lo posible por preservar la salud de los madrileños, pero sobre todo de los más pequeños.

Más información

Zona de juegos contaminada

 

 

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En el Día Mundial de Agua, que se celebra el 22 de marzo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre el estado de abandono en el que se encuentran nuestros cauces y riberas, en los que las diferentes administraciones siguen permitiendo que se construya y se lleven a cabo todo tipo de vertidos y demás deterioros ambientales.

Ecologistas en Acción estima que existen más de cuarenta mil construcciones situadas dentro del dominio publico hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, siendo en su mayor parte viviendas, aunque también hay otro tipo de construcciones e instalaciones, como son polideportivos, campings, parques públicos, colegios, etc. Una parte de estas construcciones se encuentran situadas en zonas de muy alto riego para las personas, en el caso de que se produzca una avenida.

La responsabilidad de esta situación reside mayormente en las diferentes administraciones implicadas pues, aunque la legislación al respecto es bastante clara (artículo 28 del Plan hidrológico Nacional), exigiendo a las administraciones la eliminación de estas construcciones, lo cierto es que las mismas hacen caso omiso a lo establecido en la normativa, al considerar políticamente “incómodo” la eliminación de esas construcciones. Las administraciones implicadas, y por tanto con competencias en el tema, son las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, así como los gobiernos autonómicos y municipales, al depender de los mismos la actividad urbanística.

Ecologistas en Acción considera que esa dejación de funciones por parte de las administraciones responsables está favoreciendo que se sigan incrementando las construcciones en el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación, por lo que el riesgo de que se produzcan sucesos como el del camping de Biescas o el de Cerro de Reyes en Badajoz, se incrementa día tras día. En este sentido, la organización ecologista hace responsables a las administraciones con competencias en el tema de que sucesos de estas características puedan volver a sucederse, dado que podrían evitarse, pues si bien es cierto que a medio plazo no se puede saber cuando, donde y cuanto va a llover, siempre se sabe por donde va a correr el agua.

Asimismo, Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la falta de eficacia frente a avenidas de los encauzamientos de hormigón pues, a parte de suponer la destrucción del río, concentran los caudales, incrementando la velocidad del agua, a la vez que generan una sensación de falsa seguridad, favoreciendo la construcción en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando el agua supera la capacidad del encauzamiento, ésta se desplaza sin ningún tipo de control (tanto en el camping de Biescas, como en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, los cursos de agua se encontraban encauzados).

Por último, Ecologistas en Acción hace un nuevo llamamiento a las administraciones públicas para que, cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente, procedan a la eliminación de todas las construcciones y vertidos de todo tipo existentes sobre el dominio público hidráulico y zonas de alto riesgo de inundación y que a continuación procedan a la restauración del bosque de ribera autóctono, cuya eficacia contra el riesgo de avenidas está sobradamente demostrada

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Los ánimos por la presencia de osos en el Pirineo se han encendido este año antes incluso de que los animales, ajenos a los debates, hayan despertado de la hibernación. El reciente anuncio de la secretaria de Estado de Ecología del Gobierno francés, Chantal Jouanno, de que su país liberará próximamente nuevos ejemplares ha despertado todas las suspicacias. Francia considera que la población actual, de entre 17 y 20 ejemplares, no tiene garantizada su supervivencia y merece un apoyo.
 

De momento, y a falta de conocer cuándo, dónde y cuántos animales serán liberados, los opositores –ganaderos y cazadores, principalmente– han anunciado ya movilizaciones para el próximo sábado, un día antes de que los franceses acudan a las urnas para votar a sus representantes en las asambleas regionales. La convocatoria, prevista en Tarbes, en el departamento de los Altos Pirineos, espera congregar a 10.000 personas, según los organizadores.
 

Los defensores de la reintroducción apoyan la decisión francesa y recuerdan que la orden llega directamente de Bruselas, a través de la directiva 92/43, que regula los hábitats de la fauna y la flora europeas. El último programa comunitario Life para la conservación de la especie en el Pirineo caducó en diciembre, pero Francia aún no ha dado el paso para renovar su vigencia hasta el 2013. Si se cumple el anuncio de Jouanno, sería la tercera vez que Francia suelta osos eslovenos en el Pirineo, tras la de 1996-1997 (tres ejemplares) y la de 2006 (cinco más).
El incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de biodiversidad podría incluso acabar, recuerdan algunas fuentes, ante el tribunal europeo de Luxemburgo, como ya le ocurrió a España con las zonas de especial protección de aves (zepas) del canal Segarra-Garrigues.
«Las cosas no se pueden imponer por decreto ley sin tener en cuenta a la gente del territorio afectado», protesta sin embargo Francesc Bruna, responsable de Medioambiente en el Conselh Generau d’Aran.

RESIGNADOS / El organismo, la máxima institución del valle, aprobó en noviembre del 2008 una moción de rechazo a nuevas liberaciones de osos y solicitaba sistemas de control para conocer el paradero de los ya existentes. Ahora, tras conocer las intenciones de Francia, el Vall d’Aran se siente «desamparado», dice Bruna. «Nos hemos resignado a convivir con el oso, entre otras cosas, porque todas las instituciones de alto nivel apoyan su reintroducción», observa el consejero comarcal.

El número de ejemplares que deberían soltarse es también motivo de discusión. Incluso un conocido conservacionista como Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo y uno de los mayores expertos en osos del Cantábrico, se muestra sumamente prudente: «Lo razonable –explica– sería que solo se repusieran los ejemplares que murieron por causas violentas en el ejercicio anterior». En ese caso serían tres: una hembra atropellada, otra que murió de un disparo y una que se despeñó accidentalmente. Si todo funcionara bien, prosigue Palomero, la población debería aumentar por medios naturales. En su opinión, antes de traer nuevos animales es fundamental reforzar la paz social en la zona aumentando los programas de información. «Nada de nuevas aventuras», dice.
«Desde un punto de vista social, Francia tendría que explicar mejor a la gente del Pirineo por qué son necesarios los osos», añade Jordi Ruiz-Olmo, responsable de fauna de la Generalitat. Eso supondría, aunque solo fuera un gesto para guardar las formas, un paso importante para los habitantes. De hecho, según una reciente encuesta del Gobierno regional de Midi-Pyrénées, un 60% de los vecinos de la alta montaña son contrarios a soltar más osos.
Los ecologistas no se han quedado atrás. Además de defender el impulso de la reintroducción en el Año Internacional de la Biodiversidad, algunas entidades han pedido permiso para celebrar este mes un acto de apoyo en Ansó (Huesca).

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Greenpeace condena que tras seis días de negociaciones, los gobiernos reunidos en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) en Doha (Qatar) hayan acordado no tomar ningún tipo de medidas para proteger el atún rojo (Thunnus thynnus) lo que lleva a la especie a la extinción.

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Fa vàries setmanes que s’han iniciat les activitats de retirada amb excavadora de la posidònia de diverses platges. Encara estem oficialment a l’hivern, i les platges poden patir temporals de consideració.

La posidònia és un dels elements naturals que ajuden a mantenir l’arena a les platges. Per aquests motius, és recomanable no retirar-la fins que arribi el bon temps. Tots els tècnics ho saben. Però vivim en un moment de crisi econòmica i cal fer gestos per demostrar que estem molt preocupats pel tema, encara que siguin gestos que, després, en girin en contra dels objectius que perseguim.

La temporada turística alta comença el dia 1 de maig. Però com que abans hi ha setmana santa, ja retiram la posidònia a mitjans de març. És igual si ens arriscam a que vingui un temporal enèrgic i ens quedem sense arena. De moment, haurem aconseguit alguns titulars de premsa que anuncien un munt de tones i metres cúbics retirats. I com més gran i espectacular sigui l’operació, més semblarà que ens preocupa el turisme.

Per fer coses així tenim prou diners. Però en canvi no hi ha partides lligades al turisme que es dediquin a explicar als nostres visitants (i a uns quants de residents) que la posidònia no és brutícia, sinó que forma part intrínseca de les nostres platges. Que informin que la major part de l’arena es forma precisament a les praderies de posidònia. Que la brutícia són els plàstics que algú sense seny ha tirat prèviament al mar, no els elements naturals.

Si dediquéssim unes mínimes inversions a informar de manera efectiva als nostres turistes, segurament que es podrien identificar les platges amb restes de posidònia amb espais més ben conservats. I revaloritzar-les precisament per aquests motius. Com es van revaloritzar les platges verges, quan n’hi havia molts que pensaven que ningú voldria anar a una platja sense serveis. I són les més visitades de totes.

La política de voler fer coses per demostrar una gran preocupació pel turisme, de vegades cau en actuacions discutibles quan es miren els paràmetres de cost, eficàcia i fonament. Com per exemple les llargues comitives de representants públics que, sense tenir responsabilitats en temes turístics, assisteixen en grup a la fira de turisme (i al qui no hi vagi, qualcú l’acusarà de no donar importància a la primera activitat econòmica de l’illa).

Idò igual de discutible i poc fonamentat és retirar la posidònia a mitjans de març. Encara que s’aconsegueixin titulars de premsa. Creuem els dits perquè el mar no s’emporti l’arena.

Fuente:

 Ante el problema sanitario y ambiental que sufre la ciudad de Huelva, la Comisión Europea (CE) ha emitido un Dictamen Motivado (1) en el que asegura que los fosfoyesos son “residuos industriales” arrojados al estuario de Huelva y no un subproducto, como insistentemente han venido manifestando la Junta de Andalucía y la empresa. Esta tesis había sido defendida por Greenpeace y WWF.

Fuente:

El debate “antitaurino” está causando más de un quebradero de cabeza al Partit dels Socialistes (PSC), que ahora defiende, según su portavoz, Miquel Iceta, que no ha decidido el sentido de su voto definitivo sobre la abolición de las corridas. La dirección socialista acordó en diciembre retirar la libertad de voto a sus diputados e imponer la disciplina de partido en favor de la fiesta después de que se tramitara la iniciativa legislativa popular (ILP). La decisión ha motivado que un grupo de simpatizantes y militantes socialistas estén recogiendo firmas vía Internet para que el partido conceda libertad a sus parlamentarios. Anoche sumaban ya 180 adhesiones.

Bajo el título Socialistas por la abolición de las corridas de toros, el manifiesto pone de relieve que fueron muchos los socialistas que participaron en la recogida de las 180.000 firmas para impulsar la ILP y la conveniencia de que se dé libertad de voto ya que el partido no ha definido su postura en su programa electoral. “Nos oponemos a manifestaciones, aunque podamos entender que se tachen de culturales, donde triunfe un desencadenante de muerte de un ser vivo con la antesala de un sufrimiento acompañado de un espectáculo de sangre”, dicen. La página contrasta con la excursión que realizó un grupo de políticos socialistas para conocer ganaderías salmantinas y acercarse al mundo del toro.

Dos votaciones

En su blog de cada domingo, Iceta recordó ayer que a la mayoría de los diputados socialistas no les agradan las corridas, pero tampoco están por prohibirlas. “El PSC nunca se ha definido sobre la cuestión y por eso pedimos que la votación sobre la admisión a trámite de la ILP fuera individual y secreta”, dice el artículo, que admite que en el PSC también hay antitaurinos e incluye el enlace del manifiesto.

Iceta negó anoche que su partido esté dando marcha atrás pese a que fue él mismo quien anunció en rueda de prensa en diciembre que se retiraría a los diputados la libertad de voto. Su plan era presentar una enmienda contra la prohibición y, si no prosperaba, votar el último día en contra. Pero ayer hizo esta matización. “No hemos decidido aún esta segunda votación”, señaló Iceta, que achacó a una mala interpretación la idea de que pretendían imponer la disciplina de voto. “Nuestra postura no es contradictoria”, dijo pese a que el portavoz del PSC, David Pérez, apasionado de las corridas, defendió que no se admitiera a trámite la ILP.

Fuente:

Un informe de Oceana revela que en 2008, 87 países exportaron casi 10.000 toneladas de aletas a Hong Kong, el mayor mercado del mundo.

Oceana, la organización internacional dedicada a la conservación marina, pide a los países que forman parte de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas) que apoyen la inclusión de ocho especies de tiburones en su Anexo II. Entre el 13 y el 25 de marzo, países de todo el mundo se reúnen en Doha (Qatar) para celebrar la 15^ª Conferencia de las Partes de CITES. Si la apoyan dos tercios de las 175 partes asistentes, la propuesta de proteger ocho especies de tiburones garantizaría el comercio sostenible de productos provenientes de estas especies.

Rebecca Greenberg, portavoz de la campaña de tiburones de Oceana Europa, comenta: “Los tiburones oceánicos son perseguidos por sus aletas, lo que lleva a especies como las cornudas o tiburones martillo a la extinción. Si no empezamos a regular cuidadosamente el comercio de esas especies, podríamos enfrentarnos a la desaparición de algunas de ellas.”

Tal como demuestra Oceana en un nuevo informe, en 2008 se importaron casi 10.000 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong ^[i], el mayor mercado mundial de este producto. Las aletas procedían de 87 países y regiones de todo el mundo. Los principales exportadores de aletas de tiburón a Hong Kong son España, Singapur, Taiwán, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Greenberg añade: “Es importante destacar que muchos países, y concretamente algunos de las exportadoras más importantes de aletas, apoyan las propuestas de CITES con respecto a los tiburones. Esto demuestra la creciente concienciación que hay en todo el mundo sobre la necesidad de mantener las poblaciones de tiburón”.

Aunque los tiburones a menudo se tienen por depredadores que devoran humanos, es realmente el apetito humano por los tiburones lo que altera nuestros océanos. Todos los años, se sacrifican hasta 73 millones de tiburones, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas oceánicos, para convertirlos en sopa de aleta de tiburón. ^[ii] Esta popular sopa china puede costar 100 dólares el bol y su demanda aumenta cada vez más.

A causa de la gran demanda de sus aletas, se ha propuesto incluir en el Apéndice II de CITES las siguientes seis especies: jaquetón oceánico, cornuda común, cornuda cruz, cornuda gigante, tiburón arenero y tiburón trozo. También se ha propuesto que se incluyan en el Apéndice II de CITES otras dos especies, el cailón y la mielga, particularmente a causa de la gran demanda de su carne, aunque sus aletas también están presentes en el comercio internacional.

La inclusión en el Apéndice II asegura que sólo se autorice el comercio internacional mediante permisos de exportación si el individuo ha sido capturado de manera legal y si la exportación no resulta perjudicial para la supervivencia de la especie.

Los tiburones son especialmente vulnerables a la sobreexplotación, pues su crecimiento es muy lento y viven muchos años. Además, su baja tasa de reproducción implica que las poblaciones se recuperan lentamente de la sobrepesca. La demanda de aletas de tiburón ya está diezmando las poblaciones de todo el mundo. Por ejemplo, la población del Atlántico Norte del jaquetón oceánico ha disminuido alrededor del 70% en la década de 1990 ^[iii] y la cornuda común, un 83% en Atlántico Noroeste desde la década de 1980. ^[iv]

La demanda de aletas de tiburón es tan grande y el interés por su carne tan pequeño que a menudo esto provoca el cercenamiento de aletas (shark finning), una práctica cruel y derrochadora que consiste en cortar las aletas del tiburón y devolver al agua el resto del animal.

Oceana actualmente cuenta con un equipo en Doha para impulsar un acuerdo sobre las propuestas relativas a los tiburones. Para leer el nuevo informe de Oceana sobre cómo el comercio de aletas de tiburón pone en peligro a las poblaciones de tiburones de todo el mundo, haga clic aquí: El comercio internacional de aletas: Un peligro para las poblaciones de tiburones de todo el mundo.

^[i] Estadísticas comerciales del censo de Hong Kong (2008). Cortesía de Bloom Association.

^[ii] Clarke, S. et al. 2006. Global Estimates of Shark Catches using Trade Records from Commercial Markets, Ecology Letters. 9(10):1115-1126.

^[iii] Baum, J.K., et al. 2003. Collapse and conservation of shark populations in the Northwest Atlantic. Science 299: 389-392.

^[iv] Propuesta para incluir Sphryna lewini en el Apéndice II del CITES. Enmiendas a los Apéndices I y II de CITES, CoP XV, 2010. Agosto 2009. p.3.

Fuente:

Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Economía Sostenible para su envío a las Cortes, Ecologistas en Acción muestra su perplejidad por la cantidad de actividades insostenibles que se incluyen en este paraguas de la Ley, así como por la fuerte contradicción que existe entre muchas de las medidas propuestas y las políticas reales.

Efectivamente, el Ejecutivo ha facilitado un comunicado de prensa con una relación de iniciativas incluidas en la Estrategia para la Economía Sostenible, de la que el Proyecto de Ley aprobado ayer es la pieza central. Entre estas iniciativas llaman la atención algunas como los Reales Decretos de desarrollo de la Ley Omnibús, que son una vuelta de tuerca más en la liberalización de nuestra economía y de los servicios, cuando han sido precisamente la falta de control y la ausencia de aplicación de criterios de sostenibilidad sobre los mercados los que nos han llevado a la actual crisis económica y financiera. Es decir, más veneno disfrazado de medicina.

Algo parecido se podría plantear de la propuesta de reforma del mercado laboral o de otra iniciativa, la propuesta de reforma del sistema de pensiones, que en el fondo lo que promueven es que los que paguen y sufran las consecuencias de la crisis sean precisamente quienes no son responsables de ella: los trabajadores y trabajadoras.

Pero, más allá de la perplejidad que causa que muchas de estas iniciativas se puedan calificar de sostenibles, lo que llama la atención es la fuerte contradicción existente entre buena parte de las propuestas del Proyecto de Ley y las políticas reales.

Así, por citar sólo algunas de las contradicciones más llamativas, se habla de desarrollar una Ley de fomento de las energías renovables cuando en los últimos años se ha seguido una política de restricción y limitación de un sector, el de las renovables –sobre todo en fotovoltaica–, que estaba en claro auge, generando mucho empleo y aportando claras ventajas ambientales y sociales.

Se habla de promover una fiscalidad verde y de conseguir una movilidad sostenible, pero el Gobierno español se sigue oponiendo a la llamada euroviñeta –el pago por el uso de infraestructuras viarias para los vehículos de mercancías, una tasa de carácter obligatorio en la Unión Europea, motivo por el que España tiene abierto un procedimiento de infracción–, y que además sería el modo más eficaz para empujar a que más mercancías fueran en ferrocarril.

En esta misma línea, mientras se habla de “transformar el sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental”, se dedican durante 2010 nada menos que 19.300 millones de euros a nuevas infraestructuras de transporte, que en su mayor parte son autovías en itinerarios sin el tráfico mínimo requerido para justificarlas, o inversiones en alta velocidad ferroviaria mientras el ferrocarril convencional sigue abandonado a su suerte.

Para Ecologistas en Acción basta comparar estos 19.300 millones de euros –en buena medida destinados a asfaltar el territorio a través de políticas de infraestructuras anacrónicas– con la cuantía que tendrá el Fondo para la Economía Sostenible, 20.000 millones de euros hasta 2011, esto es, durante dos años. Es decir, el doble de dinero para destruir que para construir una economía supuestamente, sólo supuestamente, sostenible.

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