REMAN

La central nuclear de Almaraz ha sufrido en los últimos cuatro días dos averías en su funcionamiento, que vuelven a demostrar lo poco fiable de esta instalación envejecida, al final de su periodo de explotación. Como reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear, el 11 de febrero hubo que parar el reactor tras detectarse anomalías en un sistema del generador eléctrico, detectado por la aparición de humos en la caseta de uno de los componentes de dicho reactor. El día 15 de febrero, la planta atómica se ve obligada a informar sobre otro problema: una actuación no programada del sistema de protección del reactor debido al bajo nivel de agua en un generador de vapor, durante la maniobra de apertura de la válvula de aislamiento de agua de alimentación principal a dicho generador.

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El estudio de impacto ambiental elaborado por Aramón para conseguir el visto bueno del Departamento de Medio Ambiente a la ampliación de Cerler reconoce que el proyecto producirá “una serie de afecciones inevitables severas”.

No obstante, el grupo aragonés de la nieve las considera “asumibles” porque se producirán en áreas “pequeñas” y porque para minimizarlas “todo lo posible” se ha previsto un listado de 38 medidas correctoras o protectoras. Además, Aramón recuerda que la expansión del dominio esquiable de Cerler por Castanesa y por el resto de sectores previstos también tendrá “impactos críticos y severos”, pero en este caso “positivos”, sobre el medio socioeconómico de esos mismos valles. “Estos impactos beneficiosos son los que posibilitan el desarrollo de Montanuy y Benasque a la par que apoyan el de poblaciones cercanas como Laspaúles, Bisaurri, Castejón de Sos o Bonansa”, destaca el grupo de la nieve. Según se explica en el documento de síntesis del estudio de impacto, aproximadamente el 50% del ámbito afectado por la expansión de Cerler son áreas de calidad natural “alta o muy alta” -es decir, tienen un elevado valor faunístico, vegetal o paisajístico-. La mayor parte de esas zonas son las situadas a mayor altitud y los fondos de los valles, lo que según el estudio es “un buen reflejo” de esa alta calidad ecológica. En este sentido, el inventario ambiental realizado para elaborar del estudio de impacto detalla que en la zona existen varias especies de flora y fauna amenazadas. Además, se han definido siete áreas de especial interés paisajístico. El estudio de impacto presta especial atención a la capacidad del proyecto de hacer frente a los distintos escenarios de cambio climático previstos, y su conclusión es que el conjunto de la ampliación “se comporta bien” hasta el horizonte del 2100. “En ningún caso los valores obtenidos ponen en tela de juicio el proyecto”, subrayan las conclusiones finales. Otro punto clave de la evaluación ambiental ha sido la afección al lugar de interés comunitario (LIC) Río Isábena, espacio que “en una pequeña superficie” tendrá impactos por viales, pistas, plataformas, innivación y captaciones de agua. “Las afecciones que sufrirá no afectarán ni a la calidad de las aguas ni a los valores por los cuales fue declarado -asegura Aramón-. Los impactos resultantes una vez aplicadas las medidas correctoras no le restarán valor de forma sustancial”. El análisis de impactos realizado concluye que “todas las infraestructuras” causarán afecciones “relevantes”. Destacan por su magnitud los de la innivación, la telecabina, los accesos rodados, los remontes y las pistas. No obstante, Aramón insiste en que también se generarán afecciones “positivas” en los servicios, la calidad de vida, la demografía, el empleo, la renta o la actividad económica. En cuanto a los valores que sufrirán esos impactos, la evaluación ambiental de la ampliación de Cerler explica que el paisaje es “sin duda” el valor natural que más afecciones sufre. “Se va a transformar un entorno dedicado a la ganadería extensiva en un entorno terciario donde se van a instalar una serie de infraestructuras de servicios”, recuerda el documento. Los equipamientos lineales, los accesos rodados, los caminos y las pistas son las que más transformarán la zona. Entre las especies de interés que sufrirán afecciones destaca la perdiz nival, ave que verá reducido “sustancialmente” su hábitat y en la que recaen impactos “acumulativos” de varias infraestructuras. Por ello deberá ser objeto de un “detallado” programa de vigilancia ambiental. Las afecciones al suelo, a su calidad y la modificación de los relieves y formas son otro de los valores más afectados, en este caso por los remontes y la innivación. Respecto a la flora, las superficies herbáceas también se verán “seriamente” afectadas por los desbroces. Por último, habrá afecciones “puntuales” pero “relevantes” al patrimonio paleontológico, por lo que se harán prospecciones. Medidas para evitarlos Para evitar “en la medida de lo posible” esos efectos negativos, Aramón plantea hasta 38 medidas correctoras o protectoras cuya aplicación supondrá, según el grupo, una reducción “drástica” de la magnitud de las afecciones. En general, los impactos pasarán de “severos” a “moderados”, pero aun así persistirán varios impactos “puntuales”, “severos” e “innevitables” que afectarán, sobre todo, a la calidad paisajística y la vegetación natural. Pese a todo, el grupo de la nieve sostiene que esas afecciones también podrán minimizarse durante las obras.

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Santiago — Ante la votación de la Ley General de Pesca y Acuicultura ocurrida esta semana en la sala del Senado y sala de la Cámara de Diputados, Oceana criticó su énfasis económico  que busca mejorar las condiciones de las compañías productoras de salmón para acceder a financiamiento, por sobre la solución de los impactos ambientales que provoca.

En ese sentido, la organización ambientalista se manifestó contraria a la reforma que permite a las compañías hipotecar las concesiones acuícolas. Sin embargo, valoró que en materias específicas como los escapes de salmones, que representa un grave problema para  el medioambiente, se hayan introducido reformas para prevenir su ocurrencia y sancionar a los responsables.

“Al parecer la grave crisis ambiental y sanitaria en que está sumida la industria salmonera por su propia responsabilidad, no ha sido suficiente para que los legisladores adopten medidas efectivas y proporcionales a la magnitud del problema.  Esta ley pone el énfasis en crear condiciones financieras más favorables para este sector económico, y no en realizar cambios de fondo para proteger los ecosistemas y la salud de las personas”,  señaló al respecto Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Oceana agregó que, a pesar de estas falencias, la Comisión de Pesca del Senado logró mejorar el proyecto original con normas que tienden a proteger los ecosistemas marinos como, por ejemplo, aquellas destinadas a prevenir y sancionar los escapes de salmones, y las que regulan el uso de antibióticos en esta industria.
“Chile tiene altos índices de escapes de salmones, lo que se debe en gran parte a la débil normativa aplicable.  Era urgente, por lo tanto, contar con nuevas exigencias legales que permitan reducir drásticamente el número de escapes y sancionar a los responsables, cuando hayan actuado de manera negligente o intencional”, indicó Muñoz.

La organización, en efecto, presentó en julio pasado a la Comisión de Pesca del Senado, una propuesta para incorporar en la ley nuevas provisiones que obliguen a las empresas a prevenir los escapes de salmones, reportarlos, reparar los daños ambientales y mitigar sus impactos, además de establecer sanciones cuando éstos hayan sido deliberados o producidos por incumplimiento de normas técnicas.   

Asimismo, Oceana ha venido proponiendo desde el 2007 que se legisle sobre la reducción del uso de antibióticos en salmonicultura de para reducir su uso, que el año 2007 fue 600 veces mayor en Chile que en Noruega.   La organización valoró que disposiciones anunciadas por el gobierno en marzo de 2009 como un plan para reducir el uso de antibióticos ahora tengan consagración legal.  Entre ellas se encuentra la prohibición del uso preventivo de estas substancias y la implementación de un sistema público de información que permitirá monitorear las cantidades y tipos de antibióticos utilizados.

La entidad medioambiental insistió en la necesidad de fomentar otras actividades económicas  sustentables y no seguir promoviendo una industria que no ha sido capaz de operar con respeto al medioambiente. “La actividad salmonícola, como cualquier otra, debe respetar normas ambientales estrictas. Si la salmonicultura no es capaz de subsistir con estos estándares, entonces es la hora de buscar actividades económicas que la reemplacen en el sur del país”, declaró Muñoz.

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Ecologistas en Acción denuncia como inundación anunciada la ocurrida en el arroyo del Prado, en su desembocadura en el Odiel. Este arroyo situado junto al Paraje Natural Marismas del Odiel, en término municipal de Aljaraque, fue rellenado irregularmente y cedido a una empresa privada para una instalación industrial de producción eléctrica con placas solares.

En octubre de 2006, Ecologistas en Acción de Huelva puso en conocimiento de la fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva las importantes obras irregulares que se estaban realizando en la confluencia del arroyo del Prado con el río Odiel, en los márgenes del paraje natural del río Odiel, y en concreto en la confluencia de dicho arroyo con el Odiel, junto a la antigua vía del ferrocarril de Tharsis, y a unos 500 mts. del lugar donde se realiza la romería de Corrales.

Dichas obras supusieron lo siguiente:

1. Encauzamiento del arroyo y estrechamiento del mismo, con una anchura original en aquella zona en torno a los 100 m, y que se redujo a escasos metros de anchura. Para ello se levantaron 2 muros de materiales de construcción que han servido para el citado encauzamiento.
2. Construcción de un puente y de un tramo de pista asfaltada que cruza el citado arroyo, libre de camino alguno que lo cruzase en aquel tramo hasta entonces.
3. Vallado de la citada pista asfaltada.
4. Relleno de todo el espacio público ganado a la vegetación existente en la zona, al parecer, con intenciones de utilización con fines productivos.

Dada la fragilidad ambiental de la zona, y la prohibición de construir en cauces y espacios públicos, se realizó la citada denuncia también ante la Agencia Andaluza del Agua. Meses después se comprobó que dicho cauce público transformado fue cedido a una empresa privada para la instalación de una planta de placas solares, con la tremenda contradicción que supone la colocación de energías limpias – que tanto apoyamos desde el movimiento ecologista- con métodos sucios que las condicionan negativamente.

La realidad es tozuda y la zona totalmente inundada en estos días, como demuestran las fotos que se adjuntan, coincide con lo que era cauce público, que se permitió transformar y privatizar para un interés privado.

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El problema de la falta de instalaciones para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Comunidad Valenciana, por el retraso en su construcción en unos casos o por decisiones judiciales en otro, pone en evidencia la mala gestión de la Conselleria de Medi Ambient. A la situación de emergencia que crea el cierre, total o parcial, del vertedero de Dos Aguas se une el retraso en la construcción de las instalaciones de Cervera i La Vall d’Uixó en Castelló y la de Llanera y L’Horta en Valencia.

El macrovertedero de Dos Aguas, dedicado fundamentalmente para albergar los residuos de la ciudad de Valencia y la comarca de l’Horta, no debería haberse construido y no debería haberse construido allí. Su impacto sobre la cuenca del Xuquer y diversas irregularidades hacían prever, desde hace tiempo, que la justicia podría acabar decretando su cierre, pero la Conselleria de Medio Ambiente no ha previsto una salida a esta situación. Quizá es que prefiere que “cuanto peor mejor” y justificar así la necesidad de las incineradoras. La Alcaldesa de Valencia se ha ofrecido para construir una incineradora en su término municipal. Este ofrecimiento tiene la virtud de aceptar que Valencia ha de resolver su problema con las basuras y no trasladarlo a los pueblos vecinos, en el caso de las plantas de tratamiento o a casi 100 Km. en el caso del vertedero de Dos Aguas. Pero el ofrecimiento tiene poca credibilidad cuando el Ayuntamiento que dirige es incapaz de poner a disposición de los vecinos unos sencillos ecoparques.

Mientras Valencia y L’Horta (Plan Zonal III y VIII, Area de Gestion 1) buscan soluciones definitivas en su territorio como nuevos vertederos y la construcción de las dos plantas de tratamiento en Manises y Quart de Poblet y Aldaia, no pueden enviar la basura a otros sitios de cualquier manera. El tratamiento que se hace en la nueva planta del EMTRE en Quart de Poblet es muy deficiente, no trata la totalidad de los RSU recogidos como es bien sabido, y su rechazo no puede ir directamente a vertedero como hasta ahora, debe pasar por planta nuevamente. Con esta acción se conseguiría recuperar el máximo posible de materiales alargando la vida y la calidad de los vertederos. Es más, están obligados a realizar el esfuerzo previsto en la Ley Valenciana de Residuos, en el Plan Zonal y en la Directiva europea, de separar la materia orgánica del resto de residuos para facilitar un mejor reciclaje. Esto implicaría que los vecinos dispusieran en la calle de un contenedor para la materia orgánica y otro para el resto (además de los de papel-cartón, vidrio y envases). Donde actualmente hay dos contenedores verdes bastaría con cambiar la tapa a uno de ellos.

Las plantas de tratamiento de los RSU(Residuos Sólidos Urbanos) que funcionan en la actualidad en nuestro territorio tienen un rendimiento muy bajo, prácticamente ninguna cumple el 40% de máximo legal de rechazo al vertedero y todas superan el 60 o 70%. Los vertederos se llenan rápidamente y hay que construir nuevos con los problemas económicos y ambientales que eso crea.

Por otro lado no se han llevado a cabo las campañas de sensibilización y información ciudadana previstas en la Ley de Residuos y el los Planes Zonales para conseguir mayores niveles de reciclaje.

Con estas dos acciones, llegar al máximo del 40% de rechazo al vertedero y las campañas de concienciación se conseguiría reducir a la mitad los residuos que hoy llenan en pocos años los vertederos.

Las crisis, y en este momento la de las basuras lo es, son también una oportunidad. No hemos de preguntar donde tiramos ahora la basura sino como lo hacemos mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, para minorar su impacto ambiental y superar la crisis fiscal del actual modelo de gestión. La Conselleria debe asumir sus responsabilidades como principal administración implicada y en particular debe hacer posible que cada Consorcio, cada Plan Zonal, resuelva el tratamiento de las basuras en su territorio, con la capacidad legal que se les ha concedido.

Pedimos que cumplan la Ley y las normas que la misma Conselleria ha aprobado:

• Que se separe en origen la materia orgánica
• Que se lleven a cabo las campañas de información ciudadana
• Que se cumplan los porcentajes máximos de rechazo que va al vertedero.
• Subsanar los errores de la propia Conselleria como situar el emplazamiento de las instalaciones de La Vall d’Uixó en un lugar reserva de suelo para el trasvase.

Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià y Gecen

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Organizaciones ambientales y sociales [Fuente:

Ecologistas en Acción repudia el cuarto asesinato de un activista contra Unión Fenosa-Gas Natural en Guatemala, y pide una investigación de los hechos y la retirada de la multinacional del país centroamericano.

Ayer, 17 de febrero de 2010, alrededor de las 18:00 horas hora local, fue asesinado Octavio Roblero dirigente del FRENA y de la lucha contra Unión Fenosa – Gas Natural en el Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, Guatemala.

Varios desconocidos, desde un vehículo, le dispararon a quemarropa frente a su puesto de negocio.

Octavio Roblero deja una esposa, quien precisamente el día anterior sufrió una intervención quirúrgica compleja. Deja también dos hijas y un hijo. Su nombre figura en la lista de personas que, por estar bajo amenaza de muerte, interpusieron un recurso de exhibición personal, entregado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el 20 de enero, como una medida de protección.

Esta muerte se suma a otros tres asesinatos de personas que luchaban contra la presencia de Unión Fenosa – Gas Natural en Guatemala.

Aunque no existen pruebas jurídicas todavía, los hechos sugieren una correlación entre la lucha contra la multinacional española y esta serie de asesinatos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción urge a las autoridades guatemaltecas una investigación rigurosa y profunda de los hechos. El mismo modo vuelve a expresar que Unión Fenosa – Gas Natural debe abandonar el país centroamericano y devolver los recursos energéticos al pueblo guatemalteco.

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Hoy ha sido presentado un nuevo quirófano experimental en el hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. El objetivo de las instalaciones es aprender y desarrollar nuevas técnicas y habilidades quirúrgicas mediante la experimentación con animales vivos grandes, como cerdos y ovejas.

Según los asistentes al acto de presentación, el quirófano “fomenta el progreso de la investigación en los aspectos quirúrgicos”. El espacio está formado por una sala de operaciones, un laboratorio experimental y una sala de aclimatación para preparar a los animales.

Estas instalaciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Investigación 2010-2013, elaborado por la Conselleria de Salut, en el que se plantean propuestas de I+D+i. Se pretende ir creando infraestructuras de investigación en los centros sanitarios que además de quirófanos experimentales, tengan también biobancos, salas blancas, laboratorios y servicios de investigación clínica.

La experimentación con animales es injusta sea cual sea el objetivo. No hay ningún motivo racional por el que establecer que la vida de un cerdo vale menos que la de un humano. Del mismo modo que nos oponemos a la experimentación con seres humanos en contra de su voluntad, (por muchos beneficios que esto trajese a otros seres humanos) debemos oponernos a la experimentación con otros animales. Tanto los humanos como los demás animales valoramos nuestra propia vida y libertad y ninguno queremos acabar convertidos en material de experimento para finalmente ser asesinados

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Escándalo en Italia debido a la sugerencia del presentador de televisión Guiuseppe Bigazzi de elaborar una receta con carne de gato. El periodista, que lleva 10 años al frente del concurso de cocina  ‘La prova del cuoco’ (‘La prueba del cocinero’), de la televisión pública RAI, ha sido acusado de promover el maltrato animal.

 ”Lo que ha sucedido en el programa en un canal televisivo de servicio público es de una gravedad absoluta”, declaró este lunes la subsecretaria de salud italiana, Francesa Martini, que aseguró que instará a las autoridades competentes a que tomen “medidas estrictas” contra Bigazzi.

 Las declaraciones del periodista, realizadas el pasado martes, son, según dijo Martini, “ilícitas y ultrajantes para la sensibilidad, afortunadamente creciente, de los ciudadanos con los animales”.

 Resulta paradójico que la sociedad se escandalice debido a noticias como éstas, cuando en “La prova del cuoco” o en cualquier otro programa del mismo tipo, proponen cada día recetas que llevan como ingredientes los cuerpos muertos de vacas, cerdos, pollos y muchos más animales. De hecho, cada día, la mayor parte de la población se come esos cuerpos sin plantearse nada. En otros países seguramente no habría habido ningún escándalo, pues en sus culturas está bien visto comerse los restos de gatos muertos. Pero en países como Italia o España, se nos enseña desde pequeños que a los gatos no se les come y a otros animales sí, y que en cualquier caso, ninguno de ellos merece el mismo respeto que los seres humanos.

 Ya es hora de cuestionarnos lo establecido; de hacer frente a nuestros dogmas culturales con una mentalidad crítica y responsable. Podemos vivir sin participar en la explotación de los demás animales, sean gatos, vacas, gallinas o atunes. Podemos hacerlo y debemos hacerlo, pues los demás animales también quieren vivir libres y felices, y tienen derecho a ello.

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El grupo Verdemar Ecologistas en Acción ha criticado los posibles trabajos de búsqueda de hidrocarburos en el término municipal tarifeño señalando que éstos podrían causar un daño irreparable al equilibrio natural de la zona.

Ecologistas en Acción cree que la autorización de los trabajos de búsqueda de combustible incumplen la normativa Estatal y comunitaria referente a la protección de hábitats, así como la internacional sobre el Derecho del Mar y advierten para las perforaciones “se emplearían una mezcla de minerales y productos químicos, arrojándose directamente al mar los residuos procedentes de la perforación, de tal forma que en la mixtura con las arcillas del fondo se formaría un barro oleoso, el cual, es mortífero para la fauna del fondo y, además podría sepultar hábitats sumergidos, de alto valor ecológico, como son las praderas de fanerógamas marinas y los bosques de algas pardas. Esta actividad produce efectos devastadores sobre aquello que se encuentra en un radio de 500 metros a la perforación y se pueden observar cambios sustanciales en un área de 20 kilómetros cuadrados”, señalan.

Verdemar, entiende que en base a los criterios medioambientales y de protección natural es completamente injustificable el proyecto de investigaciones petrolíferas y resalta que no se ha tenido en cuenta el factor ambiental de la zona y su riqueza desde el ámbito de la biodiversidad, pudiéndose generar con tal construcción daños irreparables a nivel económico-ambiental. Es por ello por lo que reclaman al Ministerio de Industria la denegación de los permisos para llevar a cabo las pruebas.

El colectivo ecologista Agaden ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, una reunión urgente para junto con todos los agentes sociales abordar la situación.

La asociación para la defensa de la naturaleza quiere además que se cuente con la opinión de otros ayuntamientos de la provincia en cuyos términos municipales también se prevén las prospecciones. Y es que según Agaden los trabajos también afectarían a la Sierra de la Momia o Sierra de En medio, en términos de Benalup, Vejer o Barbate. El grupo ecologista cree que es necesaria una rápida y contundente respuesta de los agentes sociales en contra de “unas actuaciones que se alejan de un modelo de desarrollo sostenible del que tanto presumen las autoridades políticas de la provincia”. Además los ecologistas han criticado duramente “la poca transparencia con la que las autoridades competentes en la tramitación de los permisos para las prospecciones han llevado el asunto, como si quisieran ocultar el hecho”.

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