REMAN

Las consecuencias ambientales y económicas son claras; las políticas no se han puesto de manifiesto.

El diario HOY ha informado en las últimas semanas sobre la lamentable situación de las aguas residuales de Cáceres. Ninguna de las tres depuradoras que se construyeron en el año 2003 (la de la carretera de Malpartida de Cáceres, la de las Capellanías y la de Aldea Moret), que costaron 2,5 millones de euros, funciona adecuadamente.

Así, nuestra ciudad está vertiendo gran parte de sus aguas residuales, domésticas e industriales, directamente, y sin depurar, a arroyos que acaban desembocando en la Ribera del Marco o en los ríos Guadiloba, Salor, Almonte y, finalmente, en el Tajo.

Por ello el Ayuntamiento cacereño tiene que pagar anualmente miles de euros por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en aplicación del principio «el que contamina, paga». Cáceres se aproxima más a una ciudad tercermundista que a una europea que tiene que cumplir las directivas comunitarias y la legislación nacional sobre aguas residuales.

Las consecuencias ambientales de esta situación son evidentes: decenas de miles de habitantes están arrojando sus aguas fecales e industriales a los ríos y arroyos que nos rodean. También las consecuencias económicas son claras: millones de euros invertidos en el año 2003 para nada y miles de euros cada año por sanciones a la ciudad hasta que se construya la nueva depuradora prometida recientemente.

Las consecuencias políticas son las que no se han puesto de manifiesto. Pero alguien ordenó, en la anterior etapa municipal, la construcción de depuradoras que no funcionan y alguien las diseñó y construyó. Por ética, por el daño ambiental, por la millonaria inversión fallida o por el coste anual en sanciones para el Ayuntamiento que acaba repercutiendo en el ciudadano, esas responsabilidades tendrían que haberse asumido ya.

Al mismo tiempo es llamativo que, mientras la ciudad es incapaz de depurar las aguas residuales de su actual población, la Corporación municipal apruebe un plan urbanístico insostenible que prevé duplicar el número de habitantes, sin que se tenga claro cómo se van a depurar las nuevas aguas residuales ¡de unos 90.000 nuevos habitantes! Lo lógico sería que la Administración regional no diese el visto bueno a este despropósito.

Mientras esta situación se soluciona, Cáceres sigue añadiendo un impacto más al medio natural y humano. Y ya son muchos: contaminación del Calerizo, construcciones ilegales en espacios protegidos del entorno, plan urbanístico que planifica urbanizaciones en suelos de valor natural, canteras ilegales, contaminación acústica.

Pocas ciudades, en definitiva, con una riqueza natural tan alta, originan tantas agresiones a su entorno. Es un escenario que no puede considerarse muy ejemplar para una ciudad que, por otro lado, aspira a ser capitalidad y referente europeo.

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