REMAN

SEO/BirdLife considera que la Junta de Castilla y León no está realizando de forma adecuada las evaluaciones ambientales de los proyectos de energías renovables en Salamanca. Hasta la fecha han salido a información pública una subestación eléctrica y cuatro tramos diferentes de la misma línea eléctrica, que tiene como fin el transporte de energía que se producirá en los parques eólicos del sur de la provincia. La asociación conservacionista ha alegado a todos los proyectos con el fin de que se evalúen de forma conjunta.

Hasta la fecha no se ha realizado una evaluación de forma conjunta del impacto de los parques eólicos y sus infraestructuras asociadas, si no que la línea de transporte se ha fragmentado a su vez en cuatro tramos, con el agravante que los parques eólicos y la línea eléctrica afectarán de forma directa a un espacio protegido de la Red Natura 2000 y Lugar de Interés Comunitario (LIC) “El Rebollar”. También se vería afectada una zona de importancia para la cigüeña negra y al Espacio Natural Protegido “El Rebollar” dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Castilla y León.

Según las directivas de evaluación de impacto ambiental y de hábitats, todo el complejo debe evaluarse de forma conjunta y no ser aprobado en el caso de que afecte a la Red Natura 2000, circunstancia que concurre en este caso.

Por otro lado, referente a la fragmentación de los proyectos, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un caso de parques eólicos en la provincia de León, considera que “se han de tener en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las demás instalaciones, de la línea de evacuación general y de la subestación colectora, es decir, se han tener en cuenta todos los elementos que el parque eólico precise para que funcione, así como su incidencia en relación con los demás existentes”

Además, el promotor de la línea eléctrica que transportará la energía producida por los parques eólicos propuestos en el sur de la provincia de Salamanca ha fragmentado el proyecto en cuatro tramos buscando minimizar la evidencia de impacto y mejorar las posibilidades de conseguir autorizaciones por separado para el conjunto.

Asimismo, El Rebollar es un Espacio Natural Protegido con orden de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, publicada en mayo de 1992, lo que le confiere el régimen de protección preventivo, aunque la Junta de Castilla y León después de 18 años aún no ha comenzado la tramitación de dicho PORN, que se hace fundamental para la gestión del espacio natural.

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Firmas contra la caza ilegal de aves protegidas en Malta

Debido a su ubicaicón estratégica entre Europa y África, esta pequeña isla mediterránea cuenta con 389 especies de aves procedentes de cerca de 50 países.

BirdLife Malta ha lanzado una campaña internacional dirigida al primer ministro maltés, Lawrence Gonzi, con el fin de exigir la correcta aplicación de la Directiva de Aves de la Unión Europea en este país que hasta la fecha ha sido ampliamente ignorada.

La organización solicita el fin de la matanza ilegal de aves migratorias protegidas que habitualmente son abatidas en Malta.  “La caza ilegal en Malta es una seria preocupación para BirdLife International, por la escala que ha alcanzado la actividad ilegal y la falta de acción gubernamental eficaz contra ella”, asegura Angelo Caserta, Director de la División Europea de BirdLife International. 

12.000 cazadores
Hay alrededor de 12.000 cazadores en esta pequeña isla mediterránea,  la más alta densidad de cazadores por kilómetro cuadrado en Europa. Los cazadores malteses legalmente pueden cazar 32 especies en otoño y cuentan conla tmeporada más  más larga de caza de aves de Europa, que dura cinco meses.

Debido a su ubicación estratégica en la ruta europea de migración de África, Malta cuenta con una  larga e impresionante lista de especies de aves, con un total de 389 especies registradas. De éstas, más de 170 se concentran regularmente durante los períodos de migración. Estudios de anillamiento científico llevados a cabo por BirdLife Malta desde la década de 1960 han demostrado que las aves procedentes de al menos 48 países (36 en Europa y 12 en África) atraviesan Malta durante la migración.

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Las consecuencias ambientales y económicas son claras; las políticas no se han puesto de manifiesto.

El diario HOY ha informado en las últimas semanas sobre la lamentable situación de las aguas residuales de Cáceres. Ninguna de las tres depuradoras que se construyeron en el año 2003 (la de la carretera de Malpartida de Cáceres, la de las Capellanías y la de Aldea Moret), que costaron 2,5 millones de euros, funciona adecuadamente.

Así, nuestra ciudad está vertiendo gran parte de sus aguas residuales, domésticas e industriales, directamente, y sin depurar, a arroyos que acaban desembocando en la Ribera del Marco o en los ríos Guadiloba, Salor, Almonte y, finalmente, en el Tajo.

Por ello el Ayuntamiento cacereño tiene que pagar anualmente miles de euros por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en aplicación del principio «el que contamina, paga». Cáceres se aproxima más a una ciudad tercermundista que a una europea que tiene que cumplir las directivas comunitarias y la legislación nacional sobre aguas residuales.

Las consecuencias ambientales de esta situación son evidentes: decenas de miles de habitantes están arrojando sus aguas fecales e industriales a los ríos y arroyos que nos rodean. También las consecuencias económicas son claras: millones de euros invertidos en el año 2003 para nada y miles de euros cada año por sanciones a la ciudad hasta que se construya la nueva depuradora prometida recientemente.

Las consecuencias políticas son las que no se han puesto de manifiesto. Pero alguien ordenó, en la anterior etapa municipal, la construcción de depuradoras que no funcionan y alguien las diseñó y construyó. Por ética, por el daño ambiental, por la millonaria inversión fallida o por el coste anual en sanciones para el Ayuntamiento que acaba repercutiendo en el ciudadano, esas responsabilidades tendrían que haberse asumido ya.

Al mismo tiempo es llamativo que, mientras la ciudad es incapaz de depurar las aguas residuales de su actual población, la Corporación municipal apruebe un plan urbanístico insostenible que prevé duplicar el número de habitantes, sin que se tenga claro cómo se van a depurar las nuevas aguas residuales ¡de unos 90.000 nuevos habitantes! Lo lógico sería que la Administración regional no diese el visto bueno a este despropósito.

Mientras esta situación se soluciona, Cáceres sigue añadiendo un impacto más al medio natural y humano. Y ya son muchos: contaminación del Calerizo, construcciones ilegales en espacios protegidos del entorno, plan urbanístico que planifica urbanizaciones en suelos de valor natural, canteras ilegales, contaminación acústica.

Pocas ciudades, en definitiva, con una riqueza natural tan alta, originan tantas agresiones a su entorno. Es un escenario que no puede considerarse muy ejemplar para una ciudad que, por otro lado, aspira a ser capitalidad y referente europeo.

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Denuncian que el Gobierno favorece los intereses de las multinacionales frente al derecho a una alimentación y una agricultura libres de transgénicos

Esta mañana se han reunido representantes de las organizaciones Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Plataforma Rural, Red de Semillas y Veterinarios sin Fronteras con Enrique Múgica Herzog para trasladarle la enorme preocupación de la sociedad civil ante la agresión a los derechos sociales, económicos y culturales que supone el cultivo y el uso de los transgénicos en España.

Con la presentación del documento Exposición acerca del desamparo ante la ley de la alimentación y agricultura libre de organismos modificados genéticamente, estas organizaciones, que consideran imprescindible la misión del Defensor del Pueblo en la protección y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, denuncian la actitud del Gobierno español en materia de transgénicos. La reunión ha sido satisfactoria para todos los asistentes y el defensor del pueblo se ha mostrado interesado en la queja que se ha formulado basada en la documentación entregada.

El Gobierno sigue tolerando el cultivo a gran escala de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en territorio español en contra de la mayoría social y frente a la actitud de precaución adoptada por países como Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia o Italia, que mantienen moratorias y prohibiciones a su cultivo. Los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cuotas peligrosas. De hecho, y por primera vez, el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reconoció el pasado mes de octubre la existencia de personas y de empresas que han sufrido los efectos de la política de transgénicos llevada a cabo por el Ejecutivo español (1). Pero lejos de ejercer un contrapeso al constante y agresivo lobby de las multinacionales agrobiotecnológicas, sigue rechazando tratar los asuntos que las organizaciones ecologistas, agrarias y sociales llevan años poniendo sobre la mesa, tales como la falta de transparencia en los mecanismos de aprobación, evaluación y control, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, las irregularidades en el etiquetado de los alimentos transgénicos, o los reiterados casos de contaminación, etc (2).

Desde hace una década las organizaciones de la sociedad civil denuncian los efectos sociales, ambientales y económicos de la presencia de maíz transgénico en España. La alimentación y la agricultura libres de transgénicos se encuentran en una situación de indefensión total y abocadas a la desaparición, de no poner una remedio inmediato a la actual situación. Frente a las 76.000 ha de maíz transgénico MON 810 de la multinacional Monsanto que se cultivan en España, la agricultura y la ganadería ecológicas siguen siendo víctimas de la multinacional y de la complicidad del Gobierno.

Además, las organizaciones que se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo consideran que la situación actual no reconoce el derecho de consumidoras y consumidores a elegir si quieren o no ingerir transgénicos.

Las entidades presentes en la reunión han solicitado al Defensor del Pueblo: • un dictamen sobre la situación de desamparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de organismos genéticamente modificados • en su caso, una propuesta de modificación legislativa que garantizaría el amparo legal de la agricultura y alimentación 100% libre de OMG • el traslado de su dictamen y propuestas a las instituciones pertinentes.

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Tras el fracaso de las negociaciones sobre el CO₂ en Copenhague, la UE afronta un segundo reto de una cumbre mundial de la ONU: los compromisos adquiridos en el marco de la Convención de Biodiversidad.

Oceana reclama a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros que den prioridad a la elaboración de una amplia estrategia que combata la pérdida exponencial de especies y hábitats marinos, así como la acidificación y otros efectos del cambio climático. La organización internacional de conservación marina lanza esta petición con motivo de la nueva Estrategia de Biodiversidad de la UE, presentada hoy por la CE para alcanzar diversos objetivos europeos e internacionales entre 2010 y 2020.

Oceana recomienda una nueva política europea de biodiversidad basada en acciones y resultados que incluya la rápida puesta en funcionamiento de las políticas existentes. Asimismo, propone añadir nuevos objetivos, como una red de Áreas Marinas Protegidas (AMP) que cubra el 20%-30% de los mares europeos una vez se alcance el objetivo del 10% que establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU en 2012. Pese a que la CDB requiere que al menos el 10% de los mares europeos esté legalmente protegido para 2012, actualmente menos del 1% de aguas marinas europeas están incluidas en AMP.

“El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acaba de presentar en 2010 el Año Internacional de la Biodiversidad para recordar al mundo que se necesitan acciones urgentes para evitar que la actual pérdida de biodiversidad sea irreversible. Oceana hace un llamamiento a la Comisión y los Estados miembros para que trabajen conjuntamente en favor de la recuperación de la vida marina europea, algo especialmente urgente tras el fracaso de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague”, señala Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa.

La protección de la biodiversidad marina en aguas internacionales y de la UE presenta severas deficiencias en la actualidad, lo que exige acciones inmediatas y la puesta en marcha de una reforma basada en un enfoque ecológico y que contemple los ecosistemas en su conjunto. En sus recomendaciones a la Presidencia Española, Oceana pide que se actúe con la mayor responsabilidad posible para conservar el equilibrio ecológico de los mares y restaurar y conservar sus recursos ecológicos como requisito previo para el desarrollo económico y social marino.

Estas recomendaciones provienen del grave declive detectado en el Examen de la Biodiversidad de 2008, que hizo público el desfavorable estado en que se encuentran el 50% de las especies y hasta el 80% de los tipos de hábitats ^[1] de Europa.

La Agencia Europea de Medio Ambiente ^[2] (EEA) ha publicado recientemente sus Diez mensajes para 2010 ^[3] dedicados al cambio climático y la biodiversidad, que reclaman, entre otras cosas, pasar de la conciencia política a la acción. Hoy en día, la biodiversidad marina europea se encuentra en la encrucijada, con muchas especies entrando en las categorías de vulnerable o al límite de la extinción por la falta de acciones adecuadas y oportunas.

En 2008, un estudio económico ^[4] subrayó que, de continuar la tendencia actual, en 2030 pueden haberse perdido el 60% de los arrecifes de coral y vaciarse los mares, dado que la mitad de las pesquerías marinas ya están completamente explotadas, más una cuarta parte ya sobreexplotadas ^[5]. Se estima que en Europa es posible que el 50% de los corales de profundidad hayan desaparecido ya. Ocho de cada 10 stocks evaluados están sobreexplotados y, además, el 45% de ellos superan los límites biológicos.

Las actuales prácticas pesqueras (fishing down the marine food web ^[6]) llevan inevitablemente al colapso de los ecosistemas oceánicos, con invasiones de medusas que reemplazarán la actual diversidad de peces. Un estudio científico de 2006 ^[7] ya advertía de que en 2048 se colapsarán las pesquerías comerciales de todo el mundo si la tendencia no se revierte.

Otro estudio ^[8] del PNUMA de 2009 revelaba que en 2050 la acidificación de los océanos puede haberse incrementado en un 150%, 100 veces más deprisa que la experimentada en los últimos 20 millones de años. Si ésta no disminuye, se estima que en torno a mediados de siglo causará una extinción masiva de arrecifes de coral y otros organismos calcificados, además de la pérdida de gran número de especies marinas que dependen de ellos para su alimento y refugio y de efectos adversos en organismos como los mamíferos marinos.

En 2006 la Unión Europea se comprometió a detener la pérdida de biodiversidad en 2010 ^[9], pero es evidente que las políticas actuales se quedan cortas en cuanto a acciones concretas.

En diciembre de 2009 el Consejo ^[10] se mostró “alarmado por la creciente tasa de pérdida de biodiversidad y el deterioro de las funciones y servicios de los ecosistemas por la presión antropogénica” y decidió intensificar los esfuerzos políticos y financieros para afrontar este declive sin precedentes. Sin embargo, los Estados miembros de la UE han sido incapaces hasta ahora de aplicar la Directiva Hábitats ^[11] de 1992 a sus aguas marinas, con considerable número de ellos que retrasan o careciendo todavía de implementación como resultado de compromisos políticos.

“Se acaba el tiempo para conservar la biodiversidad marina de la UE si sus principales normas (Directivas Marcos del Agua y sobre Estrategia Marina, Directiva Hábitats) no entran ya en completo funcionamiento y si no se emprenden en breve acciones más ambiciosas e integradas para recuperar hábitats degradados y especies en riesgo”, explica Gaia Angelini, Policy Advisor de Oceana Europa.

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 El fracaso de la gestión pesquera supone el incumplimiento de la legislación internacional y puede constituir una infracción del Tratado de la Unión Europea.

La desastrosa situación de los stocks europeos se debe a una gestión pesquera completamente errónea durante las últimas décadas, según demuestra un estudio científico publicado hoy por renombrados especialistas del sector. Además, se señala que las capturas podrían ser casi un 80% superiores si la gestión fuese sostenible. En las aguas europeas, casi un 90% de los stocks evaluados sufren sobrepesca. Sin embargo, gestionarlos de forma sostenible es una obligación legal bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el año 2015 fue establecido como plazo máximo para conseguirlo en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, ratificada por la Unión Europea.

Los científicos señalan que la UE no alcanzará este objetivo en varias décadas. Rainer Froese, coautor del estudio, asegura: “Si la tendencia no se revierte, recuperar los stocks europeos conllevará más de 30 años”. El artículo muestra que, aún deteniendo completamente la pesca, el 22% de los stocks están en tal estado de agotamiento que no se recuperarían para 2015. Con la incapacidad mostrada para establecer cuotas de pesca a niveles que impidan la sobreexplotación, la Unión Europea también actúa contra el enfoque de precaución, un principio legalmente vinculante del Tratado de la Unión Europea.

Oceana ha demostrado en anteriores ocasiones que el Consejo de Ministros de Pesca desoye las recomendaciones científicas. El 78% de las recomendaciones sobre las cuotas de captura para los stocks europeos han sido ignoradas en los últimos 20 años. El estudio científico publicado hoy muestra las consecuencias de estos fallos en la gestión de pesquerías y urge a un cambio de actitud de la UE. El proceso de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) en marcha será liderado por Maria Damanaki, designada como nueva Comisaría de Asuntos Marítimos y Pesca, y la nueva PPC entrará en vigor en 2013.

El trabajo presentado hoy señala, además, que la gestión de las pesquerías no solo está dañando solamente al medio ambiente, sino que tiene unos impactos económicos extremadamente graves. Rainer Froese afirma: “Si Europa hubiese respetado sus compromisos de gestión sostenible, las capturas podrían ser un 80% superiores a las obtenidas actualmente”. Las capturas totales actuales examinadas en el estudio son de unos 7,6 millones de toneladas, mientras que una gestión sostenible acercaría estas capturas a los 13,6 millones de toneladas. Estos datos muestran tanto las enormes pérdidas económicas para las empresas pesqueras como las pérdidas de puestos de trabajo en barcos y en el sector de la transformación que son debidas a una gestión errónea de las pesquerías.

“Este estudio confirma una tendencia general que vemos en todas las políticas medioambientales europeas y que es desastrosa para el medio ambiente y especialmente para los océanos”, comenta Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana Europa. “Europa no solo está fracasando en el objetivo de alcanzar una gestión sostenible de las pesquerías en 2015, como se estableció en Johannesburgo, sino también en frenar la pérdida de biodiversidad en 2010 –un objetivo al que se comprometió ante la Convención sobre Diversidad Biológica–, como acaba de reconocer la propia Comisión Europea”.

Notas

1. El informe científico se puede descargar de http://www3.interscience.wiley.com/journal/123242614/abstract

2. Los autores del artículo, Dr. Rainer Froese y Prof. Dr. Alexander Proelß, trabajan en el Clúster de Excelencia “The Future Ocean” junto con científicos de pesquerías y economistas para definir una Política Europea de Pesquerías coherente con los compromisos internacionales europeos.

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 Las fincas La Veguilla y Las Vaquerizas de 2.405 hectáreas, son propiedad Rafael Santamaría Trigo, presidente de la inmobiliaria Reyal Urbis, que desde hace tres años es dueño de estas tierras de encinar y labor, a través de la sociedad Vega del Záncara. El propietario ha solicitado transformar las fincas en un coto de caza mayor, realizando un cerramiento perimetral, incluyendo el tramo del Río Záncara que discurre por ella.

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras acaba de presentar un Plan que pretende favorecer al propietario, impidiendo el paso de personas por los caminos públicos que cruzan la finca, se trata del denominado “Plan Especial para la creación del Corredor y del Área Ambiental de la Veguilla y la Regulación de los Usos del Entorno Natural”. Este Plan acaba de recibir las alegaciones de Ecologistas en Acción de Cuenca y la Asociación Naturalista de Senderistas y Cicloturistas Manchegos (ASECMA). El Plan pretende legalizar la exclusividad del uso para el propietario de la totalidad de los 17 caminos públicos existentes en la finca y en consecuencia la prohibición de su utilización por los ciudadanos. Todo ello a cambio de un precio de 1.800.000 €, denominado “donativo” y unas pequeñas cesiones compensatorias.

En sus escritos de alegaciones, Ecologistas en Acción de Cuenca y ASECMA denuncian que este procedimiento urbanístico, utilizado por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, al parecer en connivencia con el propietario de la finca “La Veguilla”, no es aceptable legalmente para conseguir la desafectación de caminos que propone pretendiendo evitar el procedimiento ordinario.

La Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de La Veguilla (de la que forman parte Ecologistas en Acción de Cuenca ASECHA y una treintena de vecinos de Las Pedroñeras) ha reunido más de 1.400 firmas contrarias al cierre; este colectivo realizó el 30 de mayo del año pasado una marcha reivindicativa por los caminos de la finca, apoyada por una veintena de asociaciones naturalistas, senderistas y ciclistas de toda España. Se han presentado por parte de particulares y de Ecologistas en Acción alegaciones contra el vallado cinegético; varios clubes ciclistas han mostrado también su rechazo al cierre de los caminos.

Por todo lo anteriormente expuesto, Ecologistas en Acción y ASECMA han solicitado en sus alegaciones que se desestime cualquier pronunciamiento favorable al Plan Especial y se devuelva el expediente al Ayuntamiento por considerar que tanto el citado Plan como el Convenio del que trae causa son actuaciones que no responden al interés público, sino al interés particular del administrador único de Vega del Záncara, S.L., que bajo la apariencia de un plan de ordenación del territorio pretenden la apropiación ilegítima e ilegal de los caminos públicos, cuyo uso corresponde en derecho a todos los ciudadanos por venir amparado por las leyes y la Constitución Española.

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 Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar se han dirigido al Presidente de la Junta de Andalucía para solicitarle la destitución de la Consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, por sus incomprensibles e inadmisibles declaraciones en las que intenta justificar la construcción del hotel El Algarrobico en pleno Parque Natural Cabo de Gata.

No es la primera vez que los/las máximos/as representantes de la CMA realizan declaraciones intentando minimizar el impacto de este hotel, creando dudas sobre su ilegalidad, y actuando a nivel administrativo y judicial en el sentido contrario a las declaraciones y compromisos que hace pocos años se hicieron desde la misma Presidencia de la Junta de Andalucía: que este hotel sería demolido y el paraje restaurado a su estado anterior.

Las últimas desafortunadas declaraciones de la sra. Consejera de Medio Ambiente abundan en esta línea. La sra. Cinta Castillo niega el impacto ambiental del hotel, pone en duda su manifiesta ilegalidad, y asegura que podría autorizarse y no ser demolido. No es explicable ni entendible como la máxima responsable de la CMA puede mantener esta posición tan ambigua sobre el enorme edificio turístico que se ha construido en un paraje que, además de ser Parque Natural, está declarado también Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la UE. Y como puede desconocer los numerosos pronunciamientos judiciales que determinan su ilegalidad.

La Consejera de Medio Ambiente intente reducir el impacto ambiental del este mamotreto a que no ha afectado a la flora y fauna, demostrando una visión torpe y manipuladora del valor ambiental de esta playa y del paisaje único del litoral de Cabo de Gata. El hotel del Algarrobico ha supuesto un impacto visual y paisajístico de una enorme intensidad contra la protección y preservación de los valores naturales establecidos en la zona.

La sra. Consejera parece desconocer también que los terrenos donde se ubica El Algarrobico están protegidos desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este Parque Natural, estando prohibidas las construcciones residenciales y turísticas. Además, el edificio invade la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Los pronunciamientos judiciales contra este hotel son numerosos. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Almería declaró nula de pleno derecho de la licencia del hotel Algarrobico. Es una sentencia contundente, donde se manifiesta que el hotel es contrario al deslinde de la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, y a lo establecido en el PORN. La Audiencia Nacional ha avalado la legalidad de la Orden Ministerial que ordena el deslinde en la playa del Algarrobico, estableciendo una servidumbre de protección de 100 metros.

Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar advierten al Presidente de la Junta que la Consejería de Medio Ambiente está incurriendo en una clara dejación de funciones en la defensa del patrimonio natural andaluz y de la legalidad medioambiental. Además está obstruyendo en los ámbitos políticos, administrativos y judiciales la protección de estos terrenos y la demanda de demolición del hotel El Algarrobico.

También hemos remitido al Presidente de la Junta de Andalucía la relación completa de la veintena de actuaciones judiciales existentes sobre este hotel, la mayoría a instancia de los ecologistas, y en las que la Consejería de Medio Ambiente está actuando con la pretensión de conseguir la legalización del Hotel Azata del Sol, obstruyendo las iniciativas tendentes a su ilegalización y a su demolición.

Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar esperan del sr. Presidente de la Junta que confirme el compromiso del Gobierno andaluz de actuar en todos los ámbitos administrativos y judiciales con el objetivo de demoler el hotel El Algarrobico y restaurar este terreno protegido a su estado actual. Así mismo esperamos que en ningún momento se planteen indemnizaciones a los que han infringido las leyes urbanísticas y medioambientales.

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Esta mañana a las doce menos cuarto, una quincena de activistas de Igualdad Animal han irrumpido en la sección de peletería de El Corte Inglés situado en la plaza de Felipe II con visones despellejados provenientes de granjas peleteras españolas y carteles contrarios a la explotación animal.

Esta mañana a las doce menos cuarto, una quincena de activistas de Igualdad Animal han irrumpido en la sección de peletería de El Corte Inglés situado en la plaza de Felipe II con visones despellejados provenientes de granjas peleteras españolas y carteles contrarios a la explotación animal.

La acción ha transcurrido sin incidentes y los activistas han permanecido en el interior del centro comercial durante media hora gritando consignas como “Derechos para los animales” o “Piel es Asesinato” y describiendo la vida y muerte de estos animales en las granjas peleteras.

Esta acción de protesta se enmarca dentro de la campaña “Piel es asesinato” que la organización Igualdad Animal está llevando a cabo por toda España. Esta protesta se ha realizado en Valencia, Sevilla, Madrid haciendo de este modo visibles a las víctimas de la peletería.

Cada año, más de cuatrocientos mil visones son víctimas de la industria peletera. Los visones nacen en Abril y permanecen enjaulados hasta Diciembre, mes en el que los granjeros les que les matará asfixiándoles con los gases del tubo de escape de un tractor.

Durante el transcurso de su investigación, Igualdad Animal ha entrado en más de veinte de las cincuenta granjas de visones existentes en España, grabando desde el nacimiento hasta la muerte de esos animales. Hemos conseguido grabar también cómo los peleteros despellejan a los animales instalándoles una cámara oculta en sus propias granjas.

Igualdad Animal es una organización internacional de derechos animales presente en España, Inglaterra, Perú, Venezuela y Colombia. Rechazamos toda forma de explotación animal, ya sea para vestimenta, alimentación, entretenimiento o experimentación y promovemos el respeto hacia los animales a través de la educación y concienciación social informando, realizando investigaciones, rescates de animales, acciones mediáticas, dando conferencias y talleres, etc.

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Todos hablan del Cambio climático y de la crisis económica. Nosotros actuamos.

El Ayuntamiento de Algeciras estudia expropiar el sector 11 del Algarrobo, debido a la falta de interés de los actuales propietarios en su desarrollo urbanístico. Ante ello, le recordamos a los Sres. responsables de esta propuesta tan singular que la expropiación de estos terrenos, si no se regula antes su situación legal y medioambiental, podría convertirse en una nuevo caso como el ocurrido recientemente en la zona de Getares, donde el Ayuntamiento algecireño tiene que devolver 9 millones de euros debido a una expropiación mal realizada.

Como ciudadanos no estamos dispuestos a asumir, por un lado, la insensibilidad para con el medio ambiente de nuestras Administraciones y, por el otro lado, no aceptaremos malas gestiones que desemboquen en que la ciudadanía deba cargar con las consecuencias económicas de actuaciones municipales al margen de la legalidad.

Nuestros representantes en el Ayuntamiento deberían recordar a su vez que “su pan de cada día” es percibido gracias a todos los ciudadanos y esto implica que deben realizar actuaciones en beneficio de la ciudadanía y no en su contra, tanto económica como medioambientalmente.

Como colectivo ciudadano exigimos que se advierta a próximas empresas interesadas en este proyecto de los impedimentos legales y medioambientales existentes en estos terrenos, ya que la zona del Algarrobo (según criterios de BirdLife International) debería estar declarada de “importancia mundial” por ser un “pasillo” migratorio de aves de características únicas (declaración ésta que actualmente se encuentra en trámite). También su situación estratégica entre 2 Parques Naturales sólo permitiría las construcciones si se alegan consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o de primordial importancia para el medio ambiente, o bien (previa consulta a la Comisión Europea) otras razones imperiosas de interés público de primer orden.

Estamos convencidos de que un Campo de Golf con hotel, balneario, 702 viviendas, infraestructuras de ocio y deportivas no pueden considerarse de “interés público”, más aún estando de por medio el Informe Auken del Parlamento Europeo, de 2009, sobre urbanización extensiva en España y su impacto sobre los derechos de los ciudadanos europeos y el medio ambiente.

Además, en junio de 2009 la Comisión Europea, en respuesta a una queja de nuestro Colectivo, nos comunicó que, según información de las autoridades españolas, se desprende que el desarrollo urbanístico de El Algarrobo (objeto de la queja) no va a ejecutarse dado que el promotor desistió del proyecto y, por lo tanto, no parece que una intervención de la Comisión esté justificada.

Conociendo desde junio esta situación ¿por qué no ha informado el Ayuntamiento de Algeciras a la Comisión Europea de la posible expropiación que actualmente está barajando?

En consecuencia, nuestro Colectivo expresa su rechazo a este tipo de actuaciones poco loables por parte de nuestros representantes políticos. Por ello, mientras que el Ayuntamiento de Algeciras habla de desarrollo sostenible, cambio climático y crisis económica, nosotros actuamos. Y al decir “nosotros” incluimos todas las asociaciones, colectivos y ciudadanos de a pié que, con buena voluntad y sin ánimo de lucro, con actuaciones pequeñas y/o grandes, alegaciones, informes, protestas y un montón de etcéteras, actúan motivados para transformar esta sociedad en una sociedad mejor.

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