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Tras los últimos datos de contaminación detectados en los terrenos en los que se asienta la planta incineradora de Zabalgarbi, Greenpeace pide a la Diputación de Bizkaia, y en última instancia al Gobierno vasco, que, en coherencia con su responsabilidad de proteger la salud de las personas, establezca un plan de cierre para Zabalgarbi y cambie su modelo de gestión de residuos.

A pesar de décadas de rechazo social a la incineración en Euskadi y de las “trabas burocráticas” que tuvo que sortear, la Diputación de Bizkaia, con el apoyo del Gobierno vasco, decidió seguir adelante con el proyecto Zabalgarbi. Sólo cinco años después de su puesta en funcionamiento, ya se padecen las consecuencias ambientales de la incineración de residuos en la zona, con la detección de elevados índices de contaminación en el entorno de la planta.

Este modelo, que ha demostrado ser insostenible, pretende ser replicado en Donosti, y solamente implica beneficios para las empresas que operan en las instalaciones y costes para la ciudadanía en contaminación de su entorno y problemas en su salud.

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